Agapito Iglesias, el constructor y accionista mayoritario del Real Zaragoza SAD, imputado en el caso pagarés como presunto autor de una estafa multimillonaria y/o supuesto cooperador de un desfalco descomunal, intenta, en una audaz iniciativa procesal, mezclar el futuro de la compañía deportiva blanquilla con su horizonte penal.

Iglesias está encartado en esta causa, en la que el magistrado del Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza --Francisco Picazo-- investiga la existencia de delitos en el supuesto sobreprecio millonario de las naves de Autocity, junto con el exgerente de Plaza --Ricardo García Becerril--, el exconsejero delegado de la empresa pública --Carlos Escó-- y el exdirector técnico del complejo logístico, Miguel Ángel Pérez, a quienes ha impuesto una fianza solidaria de responsabilidad civil de 18,85 millones. El último de ellos está citado hoy para comunicarle la decisión, aunque las defensas de los otros tres han recurrido la fianza ante la Audiencia Provincial. Iglesias ha sido el único imputado que ha movido ficha en este asunto.

SORPRESA Su abogado, el exfiscal Anticorrupción Javier Sánchez-Junco, entregó la semana pasada un escrito en el que pone tres empresas a disposición del juez para cubrir esa fianza, aunque con una particularidad: le pide que deje al margen de los posibles embargos sus acciones del Real Zaragoza SAD, de las que dos de ellas son propietarias indirectas como socios principales de Zaragoza Sport Arena XXI, alegando que está negociando su venta.

Esa inusual propuesta de embargo selectivo ha provocado sorpresa en medios jurídicos, que la interpretan como un intento del constructor soriano de ligar el futuro de la histórica entidad deportiva --convertida hoy en una empresa más de su grupo-- a su horizonte penal. Y de dejar en el tejado del juez esa pelota en plena crisis institucional y deportiva del Real Zaragoza. Más, cuando el patrimonio de las empresas ofrecidas por Iglesias supera con creces la cuantía de la fianza.

Agapito Iglesias García, SL suma activos por 15,3 millones de euros mientras su nivel de endeudamiento es del 10% y el pasivo corriente se sitúa en 3,4 millones. Clipasodes 2006 SL suma activos por 37,2 millones, su ratio de deuda es del 5,3% y el pasivo corriente asciende a 27,5. Son, según los datos que ellas mismas declaran, empresas sanas con patrimonio disponible superior a los 18,85 millones que busca afianzar el juzgado.

Estas dos empresas, cuyo domicilio trasladó el constructor a Madrid hace dos semanas, son las propietarias de Zaragoza Sport Arena XXI, que declaró unos activos de 19,9 millones en las últimas cuentas que entregó en el Registro Mercantil, en el 2008. La SAD, por su parte, cerró el 2013 con un balance de 109,8 millones, aunque con 42,6 en impuestos diferidos y 84,4 en deuda a largo plazo, lo que da a sus acciones --tres millones nominales-- un valor negativo que, en la lógica procesal, las hace desechables para un embargo.

Por último, Inversiones Agapito Iglesias declaró en el 2012 activos por 8,3 millones.