Año nuevo, juicio de Plaza nuevo. Agapito Iglesias se sentó ayer por tercera vez en el banquillo para responder por sus presuntas irregularidades como constructor en su relación con la plataforma logística de Zaragoza, en una vista en la que afronta hasta ocho años de cárcel por la aportación de una factura supuestamente falsa para justificar el precio de la construcción de un aulario de FP. La propia Plaza se los pide por estafa agravada, y la Fiscalía, aunque también le acusa de falsedad documental, pide seis años.

Lo que desde ayer hasta mañana se dirime en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza es exclusivamente si esta factura es falsa, y con ello el soriano quiso justificar el cobro, ya que la factura por movimientos de tierra que presentó al juzgado fue de 1,5 millones de euros. El constructor afirmó que se aportó «lo que pidieron los peritos», porque las facturas y certificaciones eran de consumo interno entre sus empresas (la propietaria, Zaragoza Plaza Center y la constructora, Codesport), y que «si algo se certificó, es que se hizo».

Por las preguntas de su letrado y sus respuestas a las acusaciones, la defensa del soriano parece pivotar sobre tres ejes: que las obras fueron reales (para ello ha encargado pruebas periciales); que él, en cualquier caso, no se encargaba de controlarlas -los jefes de Codesport tenían «plenos poderes» para ello- y que en realidad daba igual, porque el precio de 6,4 millones más IVA que se cobró por el edificio estaba ya acordado en el 2007, cuatro años antes de que se entregase. Es decir, que daba igual lo que le costase ejecutarlo, iba a cobrar lo mismo, por lo que no tendría sentido hinchar la factura.

OBRAS VISIBLES / Desde este punto de vista, efectivamente, no tendría sentido inventarse esta factura, que despertó los recelos del abogado de la DGA, José Luis Gay, cuando repasaba la documentación para el recurso contra la absolución de Iglesias en vía civil. Pero ayer, hasta tres extrabajadores de Codesport coincidieron en que no hubo ninguna excavación de cinco metros de profundidad en los 6.000 metros de superficie, ni «compactación dinámica» del nuevo suelo.

Esto hubiera requerido maquinaria pesada que ninguno de estos empleados vio, pese a que también estaban trabajando por la zona. Ni siquiera el propio jefe de obra, Javier Royo, que la supervisó de principio a fin. Negó que, como había alegado el constructor, hubiese que cambiar el proyecto inicial por ser un suelo inestable, porque al ser poco más que una nave industrial, no procedía afianzar más el suelo.

Este carácter de nave fue lo que extrañó al exgerente de Plaza, Jesús Andreu, cuando denunció este hecho junto a otras irregularidades que le pareció detectar, y que han generado los múltiples casos Plaza. El precio de 6 millones por 6.000 metros cuadrados correspondería a «oficinas de lujo», expuso, no a esta nave.

Junto a Andreu, ayer comparecieron como testigos varios cargos de Plaza en aquella época, incluidos imputados en otras causas como el exgerente Ricardo García Becerril o el exconsejero delegado Carlos Escó. También el director financiero, Pedro Colás, que afirmó que no era su tarea señalar al consejo de administración que con estos pagos (los 6 del aulario y los 24 de las oficinas) se estaba abonando la urbanización a teórico «precio de coste» de una mínima parte de la parcela, que se vendió a Codesport por 18 millones de euros.