El sector agroalimentario dio ayer un tirón de orejas al Ejecutivo autonómico al que exigió que preste una mayor atención a las empresas locales. El reproche tiene mucho que ver con el empeño de la DGA en facilitar y agilizar todos los trámites necesarios a grandes corporaciones del sector que, como BonÁrea y grupo Pinni, van a desembarcar en los próximos meses en Aragón. «Es bueno que vengan cuantas más empresas mejor, pero cuidemos a las que ya están aquí», subrayó ayer el secretario general del grupo Lacasa, Fernando Lacasa, durante su participación en el foro organizado por Efe en el Patio de la Infanta de Ibercaja.

Lacasa fue una de las compañías que ayer alzó la voz para que el Gobierno de Aragón no pierda de vista la aportación de la industria agroalimentaria local a la economía regional. Con 800 empleos directos de media (alcanza los 1.100 en octubre) y 150 millones en facturación al año, Lacasa mantiene su sello made in Aragón, pero ha visto cómo no ha podido llevar a cabo la ampliación (10.000 metros cuadrados) de su sede central en Utebo por problemas administrativos y burocráticos. Y de eso hace ahora 10 años, denunció ayer Fernando Lacasa.

«Que nos resulte más fácil ampliar en Quintanar de la Orden -donde la empresa tiene otra de sus sedes- que aquí, me da pena», dijo el secretario general de la firma chocolatera, que ha tenido que buscar alternativas en Dijon (Francia). Allí adquirió Chocolaterie de Bourgogne, una planta que le permitiría fabricar 100 millones de kilos de chocolate frente a los 35 que produce en Zaragoza.

La presidenta del matadero de Fribin, Cristina Gallart, y el director general de Grandes Vinos y Viñedos, José Antonio Briz, también al reclamaron un mayor mimo a la DGA.

PLAN ESTRATÉGICO / En el caso de Briz, exigió que, de una vez por todas, se elabore un plan estratégico para un sector al que se recurre para hablar del potencial de Aragón, pero que no cuenta con una hoja de ruta clara y definida. «Ningún partido se ha implicado en elaborar un plan perdurable para el sector», aseguró Briz, cuya empresa factura 30 millones al año y da empleo a 70 personas en Cariñena.

La política fiscal también es otro caballo de batalla para estas empresas. «Hay grandes diferencias en impuestos entre las comunidades y eso, en muchos casos, influye en la instalación de una empresa en un territorio u otro», apuntó Gallart, cuya compañía ha invertido hasta 50 millones en los últimos 10 años. Fribin factura 250 millones y da empleo directo a 600 personas.

Otro hándicap al que se enfrenta el sector es el déficit en sinergias entre la Universidad y las empresas. «Tenemos 200 o 300 investigadores de primer nivel y la transferencia de conocimiento es casi nula», denunció Briz. «Muchos tienen que ir a otras zonas como Lérida y Navarra donde tienen más claro que la universidad debe estar al servicio de las empresas», zanjó el director general de Grandes Vinos y Viñedos.