El consejero de Obras Públicas y Transportes, Rafael Fernández de Alarcón, defendió ayer la legalidad de la adjudicación del contrato de mantenimiento del aeropuerto de Caudé (Teruel) a la empresa Construcciones e Instalaciones Syrio, propiedad del marido de la alcaldesa de Cella, María Jesús Pérez.
En respuesta a una pregunta formulada por el diputado socialista José Ramón Ibáñez, el consejero aseguró que la adjudicación fue refrendado por una unidad técnica nombrada al efecto y compuesta por dos ingenieros y por un técnico del Ayuntamiento de Teruel, y que el órgano que adjudicó el contrato "siguió estrictamente la valoración técnica".
La valoración ha sido "correcta" y no ha habido errores que contravengan la normativa vigente, según el consejero.
Aunque en los pliegos de licitación se primaba más la valoración económica que la técnica, según dijo el consejero, el contrato se adjudicó a una empresa que ofrecía una oferta económica de 57.000 euros, frente a los 55.580 de la segunda oferta mejor valorada.
El consejero recordó, además, que las personas que trabajaban para la anterior contrata son las mismas que lo van hacer con la nueva. A finales del pasado mes de enero, el aeropuerto industrial de Caudé recibió del Gobierno de España la autorización para ser internacional, lo que permitirá que los aviones que vuelen hacia estas instalaciones puedan hacerlo directamente, sin hacer escala antes en otro aeropuerto.
La situación supone también la revitalizacion de la plataforma industrial de Teruel, Platea. Además, la concesión de la licencia también abre las posibilidades comerciales, que se multiplican por los bajos costes del aeropuerto. El aeropuerto de Caudé, cuya campa fue asfaltada recientemente permitiendo el aparcamiento de aviones de grandes dimensiones, todavía no tiene permisos ni equipamiento para recibir vuelos nocturnos.
