El consejero aragonés de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, Rafael Fernández de Alarcón, ha asegurado hoy que su departamento trabaja para cumplir con los objetivos planteados por el Justicia de Aragón en su informe sobre transparencia y buen gobierno en la Comunidad Autónoma.
Fernández de Alarcón ha comparecido en la comisión correspondiente de las Cortes de Aragón, a propuesta de CHA, para explicar las medidas que va a adoptar ante las propuestas de mejora planteadas en urbanismo y vivienda por el Justicia.
En su intervención, el consejero ha recordado que la política urbanística tiene unos actores "fundamentales" que son los municipios, a los que les están ofreciendo nuevas aplicaciones informáticas para contrarrestar las limitaciones horarias y acercar la administración a los ciudadanos, tal y como reclamaba El Justicia.
Asimismo, ha reivindicado que con la creación de la Plataforma Urbanística de Aragón los ciudadanos pueden acceder a los expedientes urbanísticos y que se están impulsando medidas y convenios de colaboración, con ayuntamientos -a quienes pretenden ir delegando estas competencias-, comarcas o los registradores de la propiedad.
En cuanto a la Vivienda, Fernández de Alarcón ha recordado que el ejercicio del artículo 47 de la Constitución, que establece el derecho de todos los españoles a una "vivienda digna", es "complicado" debido a la reducción de las transferencias que el Gobierno central envía a las autonomías en los últimos años.
Además, ha señalado que lo que pedía el Justicia en su informe era la simplificación de los procedimientos y la han llevado a cabo.
También ha informado de que, después de que en 2013 no se calificara ninguna vivienda, en este año ya se han calificado 214 y hay otras 135 a la espera solo en la provincia de Zaragoza.
El diputado Gregorio Briz, de CHA, grupo parlamentario que solicitó la comparecencia de Fernández de Alarcón, ha recordado que el informe del Justicia se basa en "las quejas de los ciudadanos", las cuales coinciden con sus planteamientos y propuestas.
Ha denunciado que los planes generales de Ordenación en Aragón suponen una pérdida de la autonomía local y "abrir la puerta" a las privatizaciones, y ha acusado al consejero de haber promulgado hasta 17 normas en materia de vivienda en esta legislatura, creando así "una maraña mayor" que en ocasiones se contradice.
Por otro lado, Briz ha denunciado que el gobierno convoque ayudas que se acaben denegando porque el presupuesto se acaba, así como retrasos en los pagos, que generan "inseguridad jurídica".
Por su parte, María Victoria Broto (PSOE) también ha incidido en que se informe previamente de la disponibilidad presupuestaria antes de convocar ayudas y ha matizado que, en cualquier caso, las propuestas del Justicia no pueden sustituir a una ley de transparencia, que ha considerado necesaria para Aragón.
El diputado de IU Miguel Aso ha pedido mayor transparencia en los contratos, tanto del sector público como de empresas públicas o participadas, y ha calificado de "inmoral" que el gobierno autonómico no se haya dirigido a los ciudadanos a los que les debe dinero.
Mientras que Joaquín Peribáñez, del PAR, ha defendido que el informe del Justicia no es una crítica, sino que quiere "hacerlo mejor" y ha considerado necesaria la simplificación administrativa, pero también "cumplir escrupulosamente con la legalidad".
El popular Miguel Ángel Lafuente ha alabado el "ejercicio de transparencia" del consejero, ha acusado a CHA de coger el informe del Justicia y los de otras instituciones, trocearlos y "asumirlos como propios", y ha defendido que su grupo parlamentario mantenga la "iniciativa política" y su "independencia" de estas instituciones.
