El consejero de Obras Públicas, Rafael Fernández de Alarcón, ha revelado hoy que el convenio con Renfe aprobado por el Gobierno aragonés en junio de 2013, para garantizar el mantenimiento de los servicios ferroviarios en la comunidad, se firmó el pasado 1 de septiembre.

Este retraso, ha explicado el consejero en el pleno de las Cortes de Aragón, se ha debido a problemas de tramitación, ya que Renfe no pudo aprobarlo hasta febrero de este año y el Ministerio de Hacienda pidió posteriormente dos modificaciones.

Lo importante es que con el convenio, que supone unos nueve millones menos, "estamos manteniendo el servicio ferroviario" en Aragón y se continuarán las inversiones previstas para mejorar la red ferroviaria regional, ha indicado.

Fernández de Alarcón ha reconocido que la negociación fue difícil y dura, que "se trataba de mantener" el servicio o "quedarse" sin ferrocarriles y que aunque no ha sido "todo lo satisfactorio" que quería el Gobierno, es similar al de 2009 y preserva el número de expediciones en la red básica.

Fue un acuerdo tardío y su aplicación inicial en el mes de julio de 2013 fue un "desastre" y "no funcionó bien", una situación, ha manifestado, que empezó a cambiar tras una reunión con Renfe para exigir una rectificación.

El consejero ha informado de que se detectaron 552 incidencias, un 45 por ciento debido a causas meteorológicas, un número que se ha reducido a menos de 16 cada mes.

Para el parlamentario de CHA Gregorio Briz, las dificultades en la firma del convenio, que ha exigido que se cumpla, son consecuencia de la desidia y la incapacidad del Gobierno aragonés, de que "no pintan nada" en Madrid.

Briz ha reclamado un plan específico ferroviario para Aragón y más inversiones tras los problemas e incidencias registradas este verano, una estampa de siglo XIX que hay que erradicar porque queda la sensación de que circular en tren en la comunidad "es una aventura imposible".

El parlamentario de IU Miguel Aso, tras advertir de la moderación del consejero ante su vehemencia de otras ocasiones, ha denunciado las escasas inversiones de Renfe y el "lamentable y vergonzoso" estado de la línea de Canfranc, sobre todo ante el horizonte de 2020, año en el que se podría reabrir de nuevo la conexión transfronteriza.

Antonio Ruspira, del PAR, tras agradecer la "sinceridad" del consejero, ha indicado que las infraestructuras son fundamentales para la vertebración territorial y el transporte multimodal imprescindible.

En su opinión, las negociaciones con el Ministerio de Fomento, Renfe o Adif siempre son difíciles y complicadas porque los técnicos se olvidan de la rentabilidad social, por lo que ha pedido a toda la cámara un plan propio de transportes interterritorial.

El parlamentario socialista José Ramón Ibáñez ha destacado también que el consejero haya sido sincero y humilde ("quien le ha visto y quien le ve", ha ironizado), y le ha expresado su apoyo para que "le hagan caso sus compañeros" de Madrid a fin de mejorar unas infraestructuras que están en un estado lamentable.

Miguel Ángel Lafuente, del PP, ha recriminado el catastrofismo de la oposición, porque con esta visión nadie va a querer montar en el tren, un sistema de transporte que es imprescindible para el Ejecutivo aragonés.

En su turno de réplica, el consejero ha resumido que lo importante es que la comunidad mantiene sus servicios ferroviarios y que trabaja para mejorarlos y que el convenio, aunque no sea tan positivo, mejora este transporte.

Ha destacado que a partir del 14 de octubre se van a intensificar las obras en las líneas aragonesas y que la situación no es tan grave, como lo demuestra el uso que General Motors hace de la red ferroviaria de mercancías para ensamblar el nuevo modelo Mokka.

Ha avanzado que trabaja en un plan de transportes regional y ha cuestionado que lo mejor sea tener las competencias en esta materia sin tener la adecuada financiación.