El delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, manifestó ayer en Huesca, en el curso de la inauguración de una rotonda en la N-240, que no existen pruebas de que exista una red de tráfico de seres humanos que opere en la A-23, donde el pasado viernes fue detenido un chófer rumano que transportaba en la caja de su camión frigorífico a ocho inmigrantes iraquís, cuatro de ellos menores de edad.

El conductor, que se encuentra en situación de detención prorrogada, volverá a prestar declaración mañana tras haberlo hecho ya el pasado fin de semana. En su primera comparecencia ante el juez, manifestó que desconocía la presencia de los inmigrantes en la parte de atrás del vehículo y asimismo se declaró autor de la llamada que advirtió a la Guardia Civil de que había descubierto a los polizones al efectuar una parada en el área de servicio de Villafranca del Campo.

Este extremo es objeto de investigación en la actualidad, dado que los propios inmigrantes declararon que fueron ellos quienes realizaron la llamada de auxilio a través del 112 el pasado viernes.

«No se facilitarán datos sobre la investigación para no entorpecerla», señalaron ayer fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil en Teruel, que señalaron que el juez no ha vuelto a tomar declaración al chófer rumano.

Lo que sí parece claro es que el caso de Villafranca del Campo no guarda relación con otro asunto similar que se produjo en febrero en el área de servicio de Ferreruela, cerca de Daroca, donde se descubrió a un nutrido grupo de inmigrantes ocultos en la caja de otro camión.

Sin embargo, sí que tienen algo en común ambos sucesos. En los dos casos, los camiones se dirigían al Reino Unido, uno de los destinos favoritos de los migrantes que huyen de la guerra en Siria y en Irak.

Estos refugiados suelen preferir la ruta del norte de África a la peligrosa travesía del Mediterráneo en dirección a Grecia.

ACOMPAÑAMIENTO // Por otro lado, fuentes de la Fundación Cepaim de Teruel precisaron a este diario que las familias viajarán hoy a Zaragoza, tras pedir asilo en España, donde serán atendidas por la oenegé Accem. Esta trabaja con personas refugiadas y continuará en la capital aragonesa con el proceso de acompañamiento de todas ellas.

Ayer, las familias formalizaron en la sede de Extranjería de Teruel los papeles para solicitar el asilo una vez que así lo comunicaron tras ser interceptadas. Por otro lado, la Consejería de Ciudadanía y Servicios Sociales del Gobierno de Aragón podrá apoyarles mediante el ofrecimiento de servicios y ayudas una vez que su residencia en España esté formalizada, ya que el Gobierno central dejó en este sentido un papel secundario a las comunidades y la batuta principal del asilo a las organizaciones con convenio oficial con el ministerio.