El presidente del PP aragonés, Gustavo Alcalde, destacó ayer que se "cumpla la ley" con la condena impuesta a un oscense por haber pegado etiquetas adhesivas contrarias al PP durante el 14-M, jornada de elecciones generales. El dirigente popular no se pronunció sobre los hechos, pero sí subrayó que quienes infringieron la ley "eran responsables de lo que hacían".

Como adelantó ayer EL PERIODICO DE ARAGON, un oscense ha sido condenado a pagar una pena multa por haber sido sorprendido cuando pegaba etiquetas adhesivas "con leyendas contrarias al Partido Popular", según consta en un informe de la Fiscalía General del Estado. La multa ha sido de tres meses a razón de seis euros al día, es decir, de 540 euros.

Según el escrito de acusación del fiscal, esta actuación infringe la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, en el artículo que establece que no pueden desarrollarse actos de propaganda una vez finalizada la campaña electoral. En el proceso fueron imputadas dos personas, pero se retiró la acusación contra una de ellas. El juicio oral, celebrado el pasado día 22, terminó mediante sentencia de conformidad.

HECHOS SANCIONABLES Gustavo Alcalde se pronunció a este respecto e indicó: "Las leyes están para cumplirlas y si en algo hay que ser exquisitos es en su cumplimiento". El dirigente popular comentó que en este caso no se inducía al voto en una fecha en que está prohibido, pero sí se invitaba "a votar contra una fuerza", lo que es igualmente sancionable según la legislación.

El presidente popular concluyó: "Somos mayores de edad para ser responsables de nuestros actos. Y quienes infringieron la ley, lo eran".

El citado informe de la Fiscalía General del Estado recoge las 22 denuncias registradas en todo el país durante la jornada de reflexión y la de votaciones, el 13-M y el 14-M. Se produjeron diversas concentraciones ante sedes del PP cuestionando la forma en que el Gobierno de José María Aznar había gestionado la crisis por los sangrientos atentados de Madrid el 11-M. Según el documento, doce de esos procesos ya han sido archivados y los otras diez siguen su curso.

Entre los datos de la fiscalía se encuentra el proceso abierto en Zaragoza, donde 31 personas fueron identificadas por los servicios policiales mientras celebraban una manifestación no autorizada ante la sede del PP. Los populares denunciaron estos hechos, sobreseídos provisionalmente, pero cuyas diligencias se reabrieron tras conocerse el atestado policial.