El alcalde de Manchones, Jesús Pardillos, que fue condenado la semana pasada a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa, presentó ayer la dimisión de los dos cargos públicos que ostentaba, para lo que apeló expresamente al artículo 23 de la Constitución española. De esta forma, Pardillos ha perdido su doble condición de concejal de Manchones y de consejero del Consejo Comarcal del Campo de Daroca. Además, la primera dimisión entraña su cese automático como alcalde.
Pardillos, agricultor de profesión, presentó su renuncia a los cargos mediante sendos escritos presentados ante el ayuntamiento y la sede de la comarca del Campo de Daroca, tal y como explicó ayer su letrado, Santiago Palazón.
El artículo constitucional que invocó al dar este paso dice textualmente en su apartado segundo que los ciudadanos "tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes".
El ya exalcalde de Manchones ha ejercido el cargo durante más de 30 años y la norma ha sido que ha obtenido el cargo por mayoría absoluta en todas las elecciones.
El asunto judicial que ha provocado su inhabilitación y dimisión está relacionado con su actitud ante la ampliación de una granja de pollos que, en su opinión, se hallaba demasiado cerca del pueblo e incumplía la normativa en materia de distancias. En la vista oral, Pardillos defendió que se había opuesto a la ampliación de la instalación ganadera "en beneficio de Manchones".
Sin embargo, la familia que planteó el pleito le acusó de haber actuado como lo hizo por "enemistad manifiesta" y aseguró que ponía continuas cortapisas a sus planes de expansión.
En el mismo juicio comparecieron como acusados el teniente de alcalde y el secretario de la corporación, pero ambos fueron absueltos.
El propio Pardillos fue absuelto de otros dos delitos, el de tráfico de influencias y el de falsedad en documento oficial. Además, consiguió eludir la pena de cárcel (hasta ocho años solicitaba la acusación particular, frente a los seis de la fiscala).
El pleito no ha llegado a su fin. Todavía prosigue en el ámbito contencioso-administrativo, lo que no ha impedido que la granja, que contaba con permiso oficial, fuera ampliada.
