La exalcaldesa popular de La Muela, Marisol Aured, y el actual regidor, Adrián Tello, de Chunta Aragonesista, comparecieron el pasado lunes en los Juzgados de La Almunia como investigados por la presunta comisión de un delito de prevaricación por omisión. El empresario Vicente Rodrigo, juzgado en el caso de corrupción urbanística en torno a la exprimera edila Mariví Pinilla, se querelló con ambos miembros de la corporación (Aured es actualmente concejala) después de que el anterior consistorio le denegara la vía de apremio para el cobro de cuotas urbanísticas de la junta de compensación de la unidad de ejecución número 12.

Marisol Aured señaló ayer que la querella carecía de fundamento, dado que el consistorio no tiene competencias para el uso de la vía de apremio, pues se trata de una facultad municipal que fue delegada en la Diputación de Zaragoza. Aured se amparó asimismo en un informe del servicio jurídico que pone en cuestión los fundamentos esgrimidos por el querellante.

CUOTAS URBANÍSTICAS

Rodrigo, un promotor con intereses hoteleros, se consideró lesionado en sus derechos cuando determinados miembros de la junta de compensación no abonaron sus cuotas urbanísticas correspondientes a los años 2011 y 2012, si bien la querella no se formuló hasta el año 2014.

Fuentes del caso señalaron ayer que la vía de apremio instada por el empresario no era factible tampoco por el hecho de que la documentación aportada para solicitarla adolecía de una serie de irregularidades y errores que debían subsanarse.

Se da la circunstancia, además, de que el secretario del Ayuntamiento de La Muela, Luis Ruiz Martínez, igualmente investigado en la operación Molinos, emitió en su día un informe favorable al querellante. A este respecto, Marisol Aured manifestó que este miembro de la corporación tenía intereses personales en la junta de compensación.

Marisol Aured está investigada en la actualidad en seis querellas. Todas ellas, sin embargo, han sido interpuestas por personas incursas en la operación Molinos. La exregidora sostiene que este es el precio que tiene que pagar por sus cuatro años al frente del consistorio, cuando tuvo que hacer frente a la caótica situación financiera que heredó de Mariví Pinilla.