El delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, dijo ayer que hay que "esperar" a ver qué dicen los tribunales sobre las presuntas responsabilidades de la agente de Guardia Civil detenida en Huesca por su supuesta relación con un traficante de drogas al que le fue incautada una pistola de su propiedad. Señaló que el instituto armado tiene sus propios reglamentos internos con los que establecerá las medidas oportunas. Al respecto, añadió que la Guardia Civil mantiene que se ha producido "un robo de esa arma", en contra de lo que dice el presunto traficante, quien manifestó tras ser detenido que el arma la había obtenido a cambio de 150 gramos de speed. El delegado subrayó que serán los jueces quienes determinen las responsabilidades. E. P.
