Los coordinadores en las Cortes de Aragón de la futura ley de financiación municipal citaron ayer en la fase de audiencias legislativas a cinco responsables de diversas administraciones municipales, que reclamaron un texto que garantice la «autonomía local» y en el que se atienda a la necesidad de prestar servicios públicos en el medio rural.
El alcalde de Huesca, Luis Felipe, pidió un «hecho diferencial» para su municipio «como capital de provincia», una condición que garantizaría su apoyo. El regidor respondía así a una pregunta del parlamentario popular Miguel Ángel Lafuente sobre si mantenía su petición para la capital provincial de una ley propia como Zaragoza tras la negativa del Gobierno aragonés a esta posibilidad.
Felipe consideró «un error» que en su día Huesca fuera considerada como cabecera de comarca, así que insistió en la necesidad de que la capital altoaragonesa «juegue un rol distinto» en el territorio y esté «a la cabeza» de los procesos de transformación y cambio que se produzcan en el conjunto de la provincia.
El alcalde de Sangarrén, Vicente Ciria, comenzó la ronda de intervenciones reclamando que la futura ley contemple «menos subvenciones finalistas» y «más destinadas a gasto general» para ayudar a municipios como el suyo, de 250 habitantes, en el que un 75% del presupuesto va destinado a gastos corrientes y únicamente queda un 25% para inversiones. «Cualquier contratiempo o gasto extra no lo podemos asumir y en muchos servicios somos deficitarios, por lo que si esto no cambia vamos a tender a desaparecer», advirtió el alcalde monegrino.
ADMINISTRACIÓN CERCANA
El regidor de Illueca, Ignacio Herrero, reivindicó el papel de los ayuntamientos por ser la administración «más cercana» para los ciudadanos, a la que estos acuden para cualquier trámite hasta el punto de realizar labores «por encima de sus competencias». Frente a esa disposición de los consistorios, señaló como problemas las enormes exigencias a que obliga la legislación estatal, más pensadas para ayuntamientos grandes con más personal, y el sobrecoste que supone para municipios como el suyo la prestación de cualquier servicio. «Si quiero instalar un ascensor, la empresa me dice que no trabaja a más de treinta kilómetros de Zaragoza, si quiero contratar un profesor de teatro, hay que asumir su desplazamiento de doscientos kilómetros, si hablamos de la gestión de residuos, es más costoso acudir al macrovertedero de la capital», ejemplificó.
Por su parte, el vicepresidente de la Diputación Provincial de Teruel y alcalde de Lidón, Joaquín Juste, consideró que la ley en tramitación resulta «insuficiente económicamente» y que «podía haberse aprobado antes».
El responsable de este municipio de la comarca de Teruel de tan solo 62 habitantes explicó que la situación es «insostenible».
