Una de las reclamaciones más repetidos por las entidades locales parece haber entrado en la senda de la solución. Alrededor de 300 alcaldes y representantes municipales se reunieron ayer en la sede de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) en Madrid para exigir al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que cumpla el compromiso asumido este mismo lunes de permitir a los ayuntamientos poder destinar a políticas sociales los ahorros acumulados en los últimos años (superávit). Los alcaldes esperan que el ministro cumpla su compromiso de aprobar antes de 20 días un decreto ley que les permita poder destinar los ahorros del 2017 (unos 5.000 millones) a infraestructuras educativas, culturales, deportivas y sociales, así como gastos en seguridad y protección civil.

También esperan que Hacienda les permita ampliar el plazo de ejecución de estas obras más allá del 2018, en concreto hasta abril del 2019, cuando está previsto que se convoquen las elecciones municipales que deberán celebrarse en junio del año próximo. «Ha habido una coincidencia unánime a la hora de valorar de forma positiva el compromiso asumido por el Gobierno», explicó el presidente del organismo, Abel Caballero. Y el cambio ha sido considerable. «Nos dijeron que sí a todo, nunca había sucedido algo así en la historia reciente del municipalismo», añadió el también alcalde de Vigo.

nuevo ciclo / En la reunión estuvieron presentes representantes municipales de Madrid, Sevilla, Málaga, Valladolid, Zaragoza, Valencia, Las Palmas de Gran Canarias, Barcelona, Bilbao, Vitoria, Córdoba, Palma de Mallorca, Tarragona y Toledo, entre otros. También de algunas de las provincias. «Vamos a estar muy vigilantes», expresó el presidente de la DPH, Miguel Gracia. En su opinión, este nuevo ciclo económico servirá para que se puedan ampliar las inversiones relacionadas «con el campo social o el educativo», al considerar que son «cuestiones que son clave para el día a día de los pueblos».

La fórmula del decreto ley permitirá anticipar la eficacia de esta medida, sin necesidad de esperar a la incierta tramitación parlamentaria de un proyecto de presupuestos del Estado del 2018 que el Gobierno espera aprobar a finales de marzo. Gracia celebró que los dos procesos lleven vías distintas al considerar que se acelerará la llegada de fondos. «Somos la única administración que cumple los requisitos en materia financiera», dijo.

En la actualidad, Hacienda permite a los ayuntamientos hacer un uso parcial de los ahorros del año anterior y destinarlos a lo que se conoce como «inversión financieramente sostenible» (que no genere gastos corrientes o que sea capaz de autofinanciarse con ingresos propios en los años siguientes). Desde el 2014 se ha permitido destinar parte de estos ahorros a obras de saneamiento, tratamiento de residuos, alumbrado, vías públicas y parques y jardines entre otros. Pero los alcaldes reclaman poder hacer un uso social de sus ahorros.