La alcaldesa de Aranda de Moncayo, Rosario Cabrera, se acogió ayer a su derecho a no declarar en su comparecencia ante los Juzgados de La Almunia de Doña Godina, adonde acudió como investigada por la presunta comisión de un delito de malversación en la adjudicación de un coto de caza ubicado en el municipio.

La acusación, ejercida por la sociedad de cazadores El Perdigal, mantiene que Cabrera, del PSOE, adjudicó la gestión del coto municipal a una asociación de caza en la que figuran miembros de su familia. De hecho, esa licitación fue anulada en otro proceso judicial por la supuesta comisión de irregularidades.

Carmen Sánchez, abogada de Cabrera, señaló ayer que su clienta ya había dado su versión de los hechos en una comparecencia anterior ante el juez instructor, por lo que se remitió a sus anteriores declaraciones.

El pasado lunes declaró en los Juzgados de La Almunia de Doña Godina el secretario del consistorio arandino, quien acusó a la alcaldesa de coacciones, una imputación que Cabrera rechaza frontalmente.

Este miembro de la corporación se halla de baja desde las pasadas navidades, una situación que, unida a que determinados cargos municipales están sin cubrir, ha causado la «parálisis administrativa y política» de la corporación local, según denunció recientemente el representante del PP en el consistorio.