La alcaldesa de Aranda de Moncayo, Rosario Cabrera Ruiz, negó ayer ante la Sección Primera de la Audiencia de Zaragoza que favoreciera en la adjudicación de un coto municipal a la sociedad de cazadores San Roque, en cuya junta directiva figuraban su marido, un hijo y un cuñado, decisión que perjudicó a la entidad cinegética El Perdigal. Esta recurrió en vía contencioso-administrativa y un juzgado anuló la licitación aduciendo que el procedimiento no se publicitó adecuadamente.
La regidora, que se enfrenta a entre tres y cuatro años y medio de cárcel por la presunta comisión de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y negociaciones prohibidas a autoridad, declaró que sus familiares también figuraban como socios de El Perdigal. Y argumentó asimismo que las decisiones sobre la adjudicación fueron tomadas «por unanimidad por el pleno municipal».
El fiscal aseguró que la adjudicación, llevada a cabo en dos plenos celebrados en junio del 2016, se realizó incurriendo en un cúmulo de ilegalidades que, «curiosamente», beneficiaron a su familia. Entre los supuestos fallos citó el plazo excesivamente corto dado a El Perdigal para presentar toda la documentación; el hecho de que San Roque no hubiera depositado fianza ni estuviera al día en sus obligaciones fiscales y de Seguridad Social, y un informe del secretario que advertía de que el concurso debería haber sido declarado desierto.
Cabrera aseguró haber sido objeto de «chantaje» y «amenazas» por la sociedad que perdió la licitación en el sentido de que debía dimitir o, si no, se presentaría una denuncia penal. Sin embargo, Melchor Ángel P. M., tesorero de El Perdigal, negó las amenazas y dijo que solo se informó a la alcaldesa de que presentarían una denuncia al considerarse injustamente perjudicados.
Jon Gurutz Arrizabalaga, presidente de El Perdigal, testificó que se subsanaron las deficiencias de su oferta, pero que la alcaldesa «las rechazó». «Fuimos expulsados del concurso y pedí explicaciones, pero no recibí contestación», afirmó. Manifestó que la sociedad San Roque ve el coto «como un negocio» familiar, hasta el punto de que ha vendido precintos de caza, extremo negado por otros testigos.
José Javier L. H., secretario de la corporación de Aranda de Moncayo que fue destituido por la alcaldesa y readmitido tras sentencia judicial, subrayó que la alcaldesa, dada su condición de familiar de parte de los licitadores, «debería haberse abstenido» en el pleno que otorgó la explotación del coto. «Creo que ha habido trato de favor hacia San Roque», dijo el funcionario, que en su día informó al consistorio que el concurso, tras su revocación, debería haber quedado desierto. Declaró que la alcaldesa tenía «palabras muy duras» contra El Perdigal, a los que se refería como «etarras» y «vascorros». Otro secretario de la corporación, Jorge M. M., informó de que el ayuntamiento solicitó a la DGA tasar a la baja el precio del coto (concedido por 5.800 euros) debido a que la «sobreexplotación» había reducido su rendimiento cinegético, según Jesús M. P., cuñado de la alcaldesa y presidente de San Roque.
