La localidad literana de Alcampell ha sido la primera en mostrar su rechazo a la Ley de Lenguas recientemente aprobada por las Cortes de Aragón y que rechaza la denominación y la difusión del aragonés y el catalán hablado por más de 60.000 habitantes de la comunidad autónoma. La mayoría socialista del pleno del ayuntamiento aprobó ayer una moción en la que se insta a tomar las medidas necesarias contra esta iniciativa legislativa aprobada por el PP y el PAR y que ha suscitado un rechazo generalizado entre la oposición, colectivos que trabajan por las lenguas y la comunidad científica. Incluso ha sido ridiculizada en todo el mundo con los acrónimos empleados para definir al aragonés (lapapyp) y el catalán de Aragón (lapao).

Alcampell, localidad de la que es originario el líder de CiU Josep Antoni Duran i Lleida y que es localidad fronteriza con la provincia de Lérida, es uno de los municipios aragoneses donde esta ley ha suscitado un gran rechazo. Además, su alcalde, el socialista Josep Anton Chauvell, es uno de los escritores aragoneses en lengua catalana más destacados.

La iniciativa del pleno de la localidad (compuesto por cinco ediles socialistas, uno del PAR y otro del PP) ha sido pionera, pero es probable que no sea la única que se produzca en otras localidades en los próximos días. De hecho, desde la aprobación de la ley la pasada semana se han producido numerosos contactos entre responsables políticos de municipios disconformes con la ley que anula el reconocimiento de su lengua materna. La mayoría de ellos, gobernados por socialistas. Eso sí, el malestar también se ha constatado en algunos dirigidos por el PP. Otros han optado por el silencio.

CONTACTOS

Mientras, grupos municipales en la oposición, como el PSOE de Fraga, se han mostrado contundentes a la hora de manifestar su disconformidad con el contenido de la ley (derogatoria de una anterior que sí reconocía su existencia y que no imponía nada). En cualquier caso, en los próximos días se van a producir contactos entre varios alcaldes socialistas para establecer una línea de acción común que pueda derivar en una estrategia conjunta contra la ley. Ya ha habido contactos informales y estos se podrían concretar en una próxima reunión de alcaldes.

En las zonas afectadas ya se está produciendo una ola de rechazo que también ha sido general entre los expertos en lenguas. Asimismo, el futuro de una ley que puede volver a ser derogada si hay un cambio de color político en Aragón, pasará por el Constitucional. Chunta Aragonesista va a recabar apoyos en el Congreso para llevar a este tribunal la ley. De hecho, su diputado en la Cámara Alta, Chesús Yuste, ya ha empezado a mantener contactos.