Alcañiz retiró ayer la medalla de oro del municipio a Francisco Franco tras votar la medida en un pleno municipal en el que el PP optó por la abstención. La decisión de acabar con el reconocimiento simbólico al dictador que amparó el bombardeo de la localidad en 1938 (del que ayer se cumplían 82 años) fue celebrada como «una cuestión moral» por el alcalde, Ignacio Urquizu, que lamentó la decisión de los populares. La insignia de oro, esmalte y diamantes se le concedió al dictador en el año 1945 junto con el cargo de concejal honorario. Fue entregada al mismo en 1949 en el palacio del Pardo de Madrid por el entonces alcalde de Alcañiz, Emilio Díaz Ferrer, quien también fue uno de los más destacados dirigentes del franquismo y falangismo en el Bajo Aragón turolense.

El pleno, de gran intensidad política, coincidió con la celebración del Día de la Memoria Democrática de Aragón, una efeméride declarada en la ley autonómica en la materia que coincide con el aniversario del ataque de la aviación italiana sobre el municipio. La fecha, es especialmente simbólica por conmemorar el mayor crimen de guerra cometido contra la población alcañizana por parte del bando franquista durante la contienda civil. Se calcula que murieron más de 300 personas de los dos bandos.

El portavoz popular, Nacho Carbó, quiso desligar su abstención de la fecha con la que coincidía. «Nuestro voto no es un refrendo al bombardeo, simplemente consideramos que el proceso de retirada de la medalla no se ha gestionado por los cauces necesarios», señaló. En este sentido, incidió en que no se había tratado previamente en la comisión adecuada para poder debatir el fondo de la cuestión.

«No nos gusta cómo se abordan desde la izquierda las cuestiones relacionadas con la guerra civil y el franquismo, proponen una política de trincheras ante la que es necesario buscar una mirada desde las alturas», insistió. Así, defendió que se organicen actos de conmemoración pública como la ofrenda de flores a las víctimas, pero no «trabajar por el cambio de nombres en las calles o en la retirada de medallas» o convertir esas conmemoraciones en exaltaciones republicanas.

Sin embargo, en el mismo pleno el concejal votó a favor del cambio de nombre de la plaza del Caudillo de Valmuel, que pasará a denominarse plaza del Colono, tal y como sugirieron y votaron recientemente los habitantes de esta pedanía alcañizana. En este caso considera que el debate público y la participación ciudadana han favorecido el consenso.

La retirada de la medalla de oro a Franco se ha producido con el voto a favor de PSOE, PAR, Ciudadanos e Izquierda Unida. El alcalde del municipio, Ignacio Urquizu, ha celebrado la decisión que se ha producido en medio de «intenso debate político». El cambio en el homenaje público se ha producido y con la abstención del Partido Popular.

La medida llega después de que la dirección general de Patrimonio del Gobierno de Aragón enviará un avisó al propio consistorio de que es necesario retirar los títulos honoríficos al dictador, en base de la legislación nacional y autonómica de memoria histórica.

Urquizu celebró haber podido retirar el reconocimiento al recordar que Franco fue «el autor intelectual» del bombardeo y que, por lo tanto, no se le pueden «rendir honores». La propia directora general de Patrimonio, Marisancho Menjón celebró el cambio por ser «un acto de justicia».

ACTOS SIMBÓLICOS

En la jornada de ayer también se celebró un acto simbólico de conmemoración histórica en Calatayud. Un buen número de representantes políticos, miembros de asociaciones memorialistas y vecinos participó en la plantación de un olivo en el barranco de La Bartolina, un lugar protegido por la ley de memoria histórica democrática y en el que se produjeron un buen número de fusilamientos durante el franquismo. «Las personas que llevan mucho tiempo trabajando en asuntos relacionados con la memoria histórica agradecen que finalmente se le de cuerpo a estos homenajes», destacó Menjón.

Por otro lado, el alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda, ha rechazado llevar al pleno la retirada de una plaza a Miguel Primo de Rivera. Defiende que la llamada dictablanda no se incluye dentro del periodo regido por la ley de memoria democrática.

Las asociaciones reclaman el impulso al banco de ADN

Los avances en los aspectos relacionados con la memoria histórica de los últimos años han sido importantes, pero todavía quedan cuestiones que las organizaciones que trabajan en la recuperación del pasado reciente reclaman prestar más atención. Una de ellas es la de cerrar un banco público de ADN que permita la identificación de las víctimas rescatadas de las fosas comunes. «Así como van muriendo generaciones resultados son menos concluyentes, por eso es necesario abordar la cuestión con urgencia», destaca el presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (ARMHA), Enrique Gómez.

Según destaca el presidente de la Asociación por la Recuperación e Investigación contra el Olvido (Arico), Miguel Ángel Capapé, lo ideal sería que este centro estuviera centralizado en Madrid, algo en lo que ya se está trabajando desde Aragón, pues consideran que lo importante es garantizar un protocolo que garantice la preservación y el buen uso de la muestras obtenidas. «En las fosas pueden aparecer represaliados de cualquier comunidad», asegura.

Por parte de la plataforma de Asociacines Memorialistas de Aragón (PAMA), que preside Anabel Lapuente, destacan que en el ámbito estatal siguen sin resolverse, ni esclarecerse «asuntos fundamentales en una democracia como el de los bebés robados, el de los esclavos del franquismo, o el de los bienes incautados y expoliados».

Y señalan que están esperando «una política pública de memoria democrática que haga justicia y que, sobre todo, recupere la verdad y explique la lucha y resistencia al fascismo, especialmente en los tiempos que corren en los que el fascismo y la ultraderecha vuelven a resurgir».

La exhumación de los Lapeña se queda para «la primavera»

La exhumación de los hermanos Lapeña sigue sin fecha definitiva, a pesar de los avances del proceso. El presidente de la Asociación por la Recuperación e Investigación contra el Olvido (Arico) y familiar de las víctimas, Miguel Ángel Capapé, señala que la única indicación que han recibido es que será «para la primavera» sin mayor concreción. Sin embargo, señala que los informes de seguridad que reclamaba Patrimonio Nacional para iniciar la búsqueda de los cuerpos ya han concluido.

Patrimonio Nacional ya adjudicó en el 2018, por algo más de 26.000 euros, el contrato para llevar a cabo las obras para acceder a la capilla del Santo Sepulcro del Valle de los Caídos, donde se presupone que están los restos de los hermanos Lapeña (originarios de la comarca de Calatayud) y el resto de republicanos reclamados. Este proceso implica mover casi un millar de osarios y realizar identificaciones de ADN.

La directora general de Patrimonio, Marisancho Menjón, que ayer acudió al homenaje a los represaliados en el barranco de la Bartolina (nombrado primer Lugar de Memoria Democrática en Aragón y el espacio en el que fueron fusilados los Lapeña) reconoció que el proceso de exhumación, en manos del Estado, está siendo difícil. Pero celebró «el paso de gigante» que se ha dado para el resto de los familiares enterrados en el Valle de los Caídos.