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CALATAYUD

Las alegaciones al servicio de gestión del agua obligan a suspender la licitación

Cinco de las siete empresas licitadoras han impugnado el procedimiento

 

Fachada principal del Ayuntamiento de Calatayud. - ÁNGEL DE CASTRO

F. V.
20/11/2019

El procedimiento para la concesión del servicio de gestión del agua de Calatayud ha sido paralizado debido a la presentación de una serie de alegaciones relacionadas con distintos puntos del pliego de condiciones. Las impugnaciones han partido de cinco de las siete empresas que se han presentado a la licitación, que tiene un valor de 34,7 millones de euros y cubre un periodo de 20 años.

La suspensión del proceso de concesión ha impedido la apertura de los sobres de los licitadores, momento que se pospone hasta tanto no se haya pronunciado el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa).

Las alegaciones presentadas son de varios tipos y se refieren a asuntos como la duración del plazo de presentación de ofertas y los criterios de valoración aplicados.

El plazo para la aportación de la documentación de los licitadores ya ha concluido, señala José Manuel Aranda, alcalde de Calatayud, que indica que el consistorio ha cumplido las condiciones estipuladas por la normativa y que se atenderá a lo que decida el Tacpa.

INVERSIONES PENDIENTES

Aranda manifiesta que las alegaciones son habituales en todos los procesos de licitación y que en la ciudad ya se vivió una situación parecida con la concesión del servicio de mantenimiento de las zonas verdes.

«No es nada grave y entiendo que no habrá mayores problemas», afirma el alcalde bilbilitano, que mostró su confianza en la pronta resolución de las alegaciones.

El servicio que ha salido a licitación en Calatayud cubre tanto el agua potable como las aguas residuales y contempla la realización de una serie de inversiones.

Entre ellas figura la dotación de redes de abastecimiento y saneamiento a la urbanización Marivella y su conexión con el sistema de la ciudad. El coste aproximado de estas obras ronda los cuatro millones de euros.

De momento, el procedimiento se halla paralizado a la espera de que se pronuncie el Tacpa, cuya resolución obligará a devolver las actuaciones al punto en el que se encontraban, una vez subsanadas las deficiencias, en el caso de que el tribunal estimara que efectivamente se han producido. 

   
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