La nueva ley de contratos públicos está en boca de todos estos días, especialmente en el ámbito científico. La consejera de Investigación, Innovación y Universidad del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, también se ha manifestado y lo ha hecho para ponerse del lado de los investigadores de la Universidad de Zaragoza, quienes el pasado martes en asamblea denunciaron la asfixia que supone para sus proyectos la puesta en marcha de esta normativa.
Alegría, en declaraciones a este diario, reconoció ayer las «trabas» de su aplicación en el ámbito de la investigación y, por esto mismo, ha trasladado su preocupación en una carta a la ministra de Economía, Nadia Calviño. La misiva, enviada el pasado 28 de junio, recoge la inquietud de la consejera con la situación. «Entiendo el espíritu de la ley de gestionar y optimizar, lo comparto. Ahora bien, una vez en marcha, en el mundo científico los trabajos políticos no se acomodan igual. Hay que intentar buscar una solución ante las trabas que se genera en investigación», señaló Alegría.
En la carta a Calviño, la consejera de Universidad hablaba también de una «parálisis nada deseable en importantes proyectos» por los problemas derivados de la compra de equipamientos y suministros para organismos públicos. «De momento no hemos tenido respuesta. Era un escrito de bienvenida a su nuevo cargo, pero dentro de mis competencias relativas a la Sociedad de la Información y la agenda digital le mostré mi preocupación en el ámbito I+D+i y la aplicación de la ley de contratos públicos», argumentó Alegría.
Prórroga
La consejera valoró la ampliación del límite de gasto de 15.000 euros a 50.000 euros para los investigadores, pero apuntó que «no es suficiente» y abogó por establecer un «periodo de carencia» en la aplicación de la normativa para, mientras tanto, «buscar una solución lo antes posible», señaló.
«De algún modo es un parche, porque el incremento del gasto hará que no haya tanta presión para los grupos de investigación, pero no soluciona la situación a la larga», añadió Alegría en declaraciones a este diario.
«Creo que lo adecuado sería aplicar una prórroga para que la Universidad de Zaragoza pueda homologar sus proveedores, durante un tiempo, para asentar la situación. Esto no se puede hacer un día para otro, evidentemente, por eso se necesita ese periodo de margen, por así decirlo», reiteró la titular de Universidad del Gobierno aragonés.
Alegría, quien espera mantener una reunión tanto con la ministra Calviño como con el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, comprende las quejas de los investigadores. «Sé que hay muchos problemas y ojalá se llegue a una resolución de la situación», dijo. La consejera recordó que, a nivel autonómico, Aragón ya dispone de «una medida paliativa» para los grupos de investigación en la comunidad.
Se trata del Decreto 1/2018, publicado en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) este año, y que plantea que aquellos contratos menores con publicidad no tengan que someterse al límite de los 15.000 euros.
«Creemos que puede paliar algo la situación, pero tenemos que seguir trabajando desde el punto de vista legal para establecer otra alternativa», señaló la consejera del Ejecutivo aragonés.
«Es evidente que la aplicación de la ley de contratos públicos genera un perjuicio para la compra de equipamientos y suministros de investigación. La propia Conferencia de Rectores de la Universidades Españoles (CRUE) ya ha trasladado su queja y esperemos que cuánto antes se solucione», reiteró Alegría.
