El presidente del Consejo de Administración de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) entre 2007 y 2011 y ex consejero de Obras Públicas del Gobierno de Aragón, Alfonso Vicente, ha afirmado que Ricardo García Becerril fue destituido como gerente de Plaza en 2011 por actuar con "deslealtad".

Vicente, actualmente diputado del PSOE en las Cortes, ha abierto hoy la segunda sesión de comparecencias en la Comisión de Investigación de las Cortes para dirimir si hubo responsabilidades políticas en la gestión de Plaza, en esta ocasión centradas en el segundo consejo de administración de la sociedad.

Ante la comisión, hoy están citados a comparecer seis de los diez miembros del consejo entre 2008 y 2009 que el juzgado de instrucción número 12 de Zaragoza ha imputado por presunta prevaricación administrativa dentro de la investigación abierta por los sobrecostes en la construcción del apartadero ferroviario.

Vicente ha detallado que el Consejo acordó por unanimidad la destitución en 2011 del gerente, uno de los imputados en las causas judiciales sobre Plaza, en un momento en el que se estaba negociando una deuda de 49 millones de euros con la UTE Acciona-MLN y apareció de forma "sorpresiva" una certificación más, de 8 millones de euros, de la que García Becerril no había informado a la comisión ejecutiva, lo que se entendió una "deslealtad".

Ha explicado que el Consejo era "serio y comprometido" con el proyecto, que "sabía muy bien lo que se llevaba entre manos" y que está seguro de que estaba suficientemente informado en la toma de decisiones, que se adoptaban por unanimidad no como objetivo en sí mismo, sino como instrumento.

Siempre, ha dicho, con asesoría jurídica interna y externa, algo que a él siempre le ha dado "mucha seguridad", y además Plaza estaba sometida a auditoría externa y en ningún momento nadie le participó que hubiera habido algún problema.

En cuanto al apartadero ferroviario con una contratación por procedimiento negociado a la UTE Acciona-MLN, ha asegurado que no cabía la posibilidad de tomar otra decisión y a él no se le hubiera ocurrido adoptarla en contra de los servicios jurídicos.

Sobre este asunto, el consejero de Economía, Francisco Bono, que formó parte del consejo en representación de Ibercaja desde septiembre de 2004 hasta el verano de 2010, ha subrayado que la decisión se tomó con suficiente "solvencia" porque contaron con tres informes jurídicos.

Bono, quien ha cerrado las comparecencias de la mañana, ha apuntado que si se hubiera abusado del procedimiento negociado lo habría indicado y ha destacado, sobre los mecanismos para asegurar un control del dinero en Plaza, que eran suficientes, ya que había cinco más la auditoría externa y que es la empresa de las que ha conocido en la que ha habido más número de controles.

Ha aseverado que no tuvo "ninguna sospecha" de irregularidades o anomalías y que, globalmente, el balance de Plaza, como sociedad y por su aportación a la economía aragonesa, es "positivo".

Por su parte, el ex consejero de Medio Ambiente y actual portavoz del PAR en las Cortes, Alfredo Boné, que estuvo en el consejo de Plaza de 2000 a 2011, ha apuntado, respecto del apartadero ferroviario que en el consejo de administración se explicó "ampliamente", con información jurídica suficiente y no despertó "ninguna susceptibilidad".

Ha afirmado que el consejo contó con suficiente información jurídica y técnica y que en ningún momento tuvo conocimiento de ninguna irregularidad.

Ha hecho hincapié en una breve reflexión en que cuando existe la más mínima duda de irregularidad "hay que llegar al fondo de la cuestión en el ámbito judicial", pero ha planteado que quién reparará el daño a las personas, y sobre todo al proyecto, en el supuesto de que no se derive ninguna responsabilidad jurídica y política.

También ha comparecido la ex consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad María Teresa Verde, quien ha señalado que las decisiones se tomaban con información suficiente atendiendo siempre "a la ley y al derecho", que nunca tuvo conocimiento de ninguna irregularidad y que había suficientes controles.

Posteriormente ha intervenido José Luis Abad, quien formó parte del consejo de Plaza designado por el Gobierno de Aragón, quien ha estimado que los documentos de control eran "suficientes".

"Otra cosa es que haya siempre alguien que se aproveche de la situación", ha agregado, aunque ha insistido en que el global de la sociedad "los instrumentos funcionaron perfectísimamente".

También han comparecido las concejalas del ayuntamiento de Zaragoza Isabel López y Carmen Dueso, que formaron parte del consejo en representación del consistorio de 2007 a 2009 y de 2009 a 2011, respectivamente, y han coincidido en que no supieron que hubiera desfases o sobrecostes en las obras.

Dueso ha precisado que había controles "y si funcionaron bien o mal se verá", ha indicado, respecto de la destitución de García Becerril, que fue por falta de confianza porque no dio cuenta de una certificación por 8 millones, aunque nadie dijo que fuera ilegal, y ha remarcado que nunca tuvo conocimiento de ninguna irregularidad y si lo hubiera tenido lo habría denunciado.

Por su parte, Marcos Calucho, comisionado en el consejo por la Corporación de Empresas Públicas de Aragón de enero de 2010 a octubre de 2011, ha subrayado que nunca vio "nada anormal".

"Cuando en una cadena hay un solo eslabón que falla es relativamente fácil detectar el fallo", pero "si son varios los que se ponen de acuerdo es muy difícil, revisando simplemente números", ha dicho.