Unos 6.000 inmigrantes aragoneses podrían quedarse sin prestación sanitaria si se aplican en Aragón las medidas "restrictivas" del Gobierno, según las cuales podrían perderla si vuelven a España tras pasar 90 días en el extranjero, ha denunciado hoy el parlamentario socialista Eduardo Alonso.

Para evitar que se produzca, Alonso ha presentado en las Cortes una iniciativa, que se debatirá mañana en pleno, para que el Gobierno de Aragón garantice la asistencia sanitaria a esos inmigrantes, como se ha hecho en otras autonomías como Asturias y Andalucía.

El parlamentario, quien ha criticado que la presidenta, Luisa Fernanda Rudi, y el consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, "pretendan ser los primeros en aplicar las medidas restrictivas" del Gobierno de Mariano Rajoy, ha destacado que hay unos 10.000 aragoneses en el extranjero, con lo que la media afectará al 60 por ciento de los sujetos pasivos de este recorte.

En su iniciativa, pide al Gobierno de Aragón que se dirija al de España para que "derogue las disposiciones legales que impiden la recuperación de la prestación de los servicios sanitarios a los aragoneses emigrantes en el extranjero como consecuencia de permanecer fuera de España más de noventa días".

El Gobierno del PP, según Alonso, aprobó en los presupuestos generales del Estado una ley que, en su disposición final décima, exige el nuevo requisito de la residencia en España para atención sanitaria a los desempleados sin cobertura.

El portavoz socialista en la Comisión de Sanidad indica que esta medida "les está coartando el derecho a buscar trabajo, a la formación para mejorar su ocupación, o mejorar su cualificación profesional", según una nota del PSOE.