El director del área de Control de Riesgos de Caja Inmaculada hasta 2010, Carlos Montón, ha denunciado múltiples prácticas irregulares en la gestión de CAI, como falsificación de documentos y certificaciones o inversiones en proyectos inmobiliarios sin autorización del comité de riesgos.

Montón ha comparecido hoy ante la comisión parlamentaria que analiza la gestión en la entidad entre los años 2000 y 2010, y en ella ha asegurado que fueron los exdirectores generales Luis Calvera y sobre todo Tomás García Montes quienes, "haciendo uso y abuso de su poder", llevaron a la caja, con cien años de historia, a la situación en la que acabó.

Ha achacado a García Montes las prácticas que ha denunciado, entre las que también se encuentra el reparto de beneficios ficticios a las sociedades participadas. "Nos obligaba a incumplir la normativa e incluso a falsificar acuerdos", ha enfatizado.

Montón ha explicado que el exdirector le llegó a pedir que pasara por alto certificados falsos y que aprobara inversiones con tasaciones caducadas, y ha agregado que "se saltaba" todos los límites impuestos para la sociedad CAI Inmuebles que, por otro lado, el propio García Montes había fijado "a su libre albedrío" convirtiéndose en "juez y parte".

Además, ha dicho que se repartían a las sociedades participadas beneficios ficticios, basados en las segundas tasaciones de los inmuebles y solares comprados, que nunca se tenía intención de vender pero que, a la luz de estas segundas tasaciones, incrementaban notablemente los activos de estas sociedades.

También ha dicho que el consejo de administración de CAI Inmuebles nunca aprobaba las actas de sesiones anteriores, que el exdirector general "hacía y deshacía".

Y todo ello, según Montón, en un ambiente de "miedo absoluto" en la CAI, porque a "quienes decían cosas sin ampararse en el anonimato, se los cargaba".

Incluso ha achacado a García Montés el "golpe de estado" contra el presidente de CAI Rafael Alcázar, que acabó con su destitución por parte del consejo de administración de CAI cuando éste último intentó "pararle los pies".

Montón ha asegurado que él intentó que no se hicieran las cosas como se hicieron y, de hecho, elaboró un informe denuncia que presentó al entonces consejero de Economía, Alberto Larraz, quien según sus palabras le dijo que era un "talibán" y que después de la salida de la caja de García Montés el siguiente sería el propio Montón.

"Le dije cosas que no quería oír porque el Gobierno de Aragón también era responsable de lo que pasaba en CAI", ha agregado.

En el informe se alertaba de hasta 150 millones de operaciones acumuladas de CAI Servicios Generales y CAI Inmuebles que no habían obtenido la autorización del comité de riesgos.

Montón cree que su denuncia fue el detonante que provocó la salida de García Montés, a quien echaron los empleados y no el consejo de administración.

Pero el consejo de administración y su presidente entonces, Antonio Aznar, sí que fueron responsables de que se fuera" por la puerta grande y con una pensión vitalicia" que le supuso cobrar 180.000 euros al año, cuando "había razones para mandarlo a casa con una mano delante y otra detrás e incluso pedir responsabilidades jurídicas".

Sin embargo, sí que ha reconocido que CAI no estaba "para nada politizada, ni para bien ni para mal" y que "en ningún momento" tuvo indicios de que nadie se llevara dinero "bajo mano".

Lo peor, ha lamentado, es que "los mayores perjudicados fueron los empleados", quienes "siendo profesionales de primera fila y dedicándose en cuerpo y alma a la entidad" vieron cómo la dirección "dilapidaba cien años de historia".

Ha insistido en que fue Luis Calvera, director general entre enero de 2001 y septiembre de 2005, quien "comenzó el problema". Pero a renglón seguido ha apuntado que si su sucesor, Tomás García Montes, "hubiese sido inteligente, que no es", podría haber vendido, generando fuertes plusvalías, y haber sacado a la CAI de un sector "de gran riesgo", pero por el contrario "multiplicó el descalabro".