Una familia de cinco miembros cuenta las horas para ser desahuciada de su casa del barrio zaragozano de San Gregorio, tras cinco ocasiones en las que, según su abogado, Francisco Caballero, han logrado reunir el alquiler al filo del desalojo. En esta ocasión, la deuda con la inmobiliaria a la que tienen alquilado su piso ha llegado a cerca de los 2.700 euros, más intereses, y el pasado viernes el Juzgado de Primera Instancia número 9 de Zaragoza dictó una providencia por la que confirmaba el desalojo para mañana.

El letrado presentó ayer un recurso de reposición, y fia sus esperanzas a que un informe del Gobierno de Aragón. No tiene constancia del resultado pero confía, como el colectivo Stop Desahucios que les apoya, en que acredite la amenaza de exclusión de la familia y, contando con ello, en que el juzgado lo tenga en cuenta. "No piden que les perdonen la deuda, solo que les den un margen mientras la DGA busca una alternativa", explicó Caballero..

La situación de la familia, según la expone, es preocupante. De hecho, ya fueron desahuciados de una casa en propiedad hace unos tres años, y en la actual ya han sufrido varias amenazas de desalojo que han conseguido evitar in extremis. La unidad familiar la componen una pareja de mediana edad (él con incapacidad total por minusvalía), su hijo de siete años, una hija de una pareja anterior de la mujer y el bebé de esta.

Pese a esta situación, no perciben ninguna ayuda, según aseguró el letrado. Hasta ahora habían logrado reunir al menos parte de los alrededor de 500 euros que pagan de alquiler al mes, pero en esta ocasión no han podido hacerlo. Tampoco tienen familia en la ciudad, ya que ella es de origen colombiano, aunque con nacionalidad española, y la del hombre está en el País Vasco.

Su esperanza es que la documentación llegue al juzgado y este conceda una prórroga para que, al poder acceder --teóricamente-- por requisitos al estado de riesgo de exclusión, puedan gestionarles un realojo con algún tipo de alquiler social.