La amenaza, coacción, represalia o "cualquier otra forma de presión" ejercida sobre las autoridades sanitarias o sus agentes en el ejercicio de sus funciones será considerado infracción muy grave y, como tal, conllevará una sanción de entre 60.000 y 600.000 euros. Así lo expone el texto de la nueva Ley de Salud Pública, publicado ayer en el BOA, y que, además, establece este grado de gravedad y la consiguiente multa a numerosas infracciones más.
Así, también se considerarán faltas muy graves la negativa "absoluta" a facilitar información o a prestar colaboración a los servicios de inspección, la comercialización de animales de explotación "que hayan sido objeto de un tratamiento ilegal con arreglo a la normativa vigente o se les haya administrado sustancias o productos prohibidos" o la administración de sustancias prohibidas o no autorizadas a los animales de explotación.
De igual modo, esta consideración también recae sobre la administración a los animales de productos "autorizados para otros fines o en condiciones distintas de las establecidas en la normativa comunitaria o, llegado el caso, en la legislación nacional" o el tráfico, distribución, venta o comercialización de carnes y otros productos procedentes de los animales de explotación que contengan "residuos de sustancias de acción farmacológica por encima de los límites máximos autorizados, residuos de sustancias autorizadas en las que no se hayan fijado los límites máximos de residuos o sustancias o productos no autorizados o prohibidos", así como la tenencia de sustancias o productos no autorizados o prohibidos.
OTRAS INFRACCIONES La nueva Ley de Salud Pública también aplicará la sanción más dura para castigar la "elaboración, fabricación, importación, exportación, distribución, comercialización, prescripción y dispensación" de productos o preparados que se presentasen como medicamentos veterinarios "sin estar legalmente autorizados" o la puesta en el mercado de medicamentos veterinarios sin haber obtenido la preceptiva autorización sanitaria.
En estas infracciones muy graves, el Gobierno de Aragón podrá acordar el cierre temporal del establecimiento, instalación o servicio por un plazo máximo de cinco años. Las sanciones las deberá aplicar la consejería de Sanidad si son de 30.000 a 200.000 euros y el Gobierno de Aragón si supera esta cantidad.
Entre las infracciones graves, castigadas de 3.000 a 60.000 euros, se incluye la omisión de los controles, la resistencia a suministrar datos a las autoridades sanitaria o la elaboración, fabricación, importación, exportación y distribución de medicamentos veterinarios por personas no autorizadas.
