El Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) empieza a hablar claro de lo que supone ampliar el servicio Bizi a todos los distritos de la ciudad en los próximos tres años y sostenerlo económicamente hasta el 2027. Haciendo bandera de que la movilidad ciclista es un medio de transporte público más, igual que el autobús o el tranvía, y que requiere de las mismas ayudas del consistorio, ayer empezó a desgranar el peaje de llevar a cabo este objetivo: Serán 1,1 millones al año entre el 2017 y el 2019 solo para incorporar a la red 40 estaciones cada año y 400 bicis; una factura para su mantenimiento que supondrá el desembolso de 400.000 euros en el actual ejercicio, 800.000 el año próximo y 1,2 millones de euros de forma sostenida entre el 2019 y el 2027, año en que finalizaría la nueva concesión ampliada. En definitiva, 5,7 millones en los primeros tres años. Y 8,4 en los siete restantes.

Son cifras aportadas por la responsable de Movilidad, Teresa Artigas, en la comisión ordinaria de seguimiento al Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC), celebrada ayer. Así respondía al PP y a Ciudadanos (C’s), para defender el proyecto de ampliación con el que se pretende tener en circulación 2.500 bicis (1.200 más que ahora) y 250 estaciones (120 más), que mantendría el sistema público de la capital aragonesa como «el más barato de España». «El coste por bicicleta al año es de 1.400 euros, muy por debajo de Barcelona, Sevilla, Valencia y otras grandes ciudades de España», remarcó la concejala, quien indicó que la más económica en la actualidad es la de la capital catalana, que sale por «unos 2.000 euros».

«Saldría más barato comprarle una bici a los 700.000 zaragozanos», lamentó ayer el concejal conservador Sebastián Contín, quien criticó que se realice este desembolso para un servicio que solo disfrutarán los abonados del servicio, no la totalidad de los ciudadanos. «Eso no es un servicio público esencial. Nos gusta el Bizi pero no a ese precio. Los costes no son razonables», remarcó.

Alberto Casañal, de C’s, menos crítico, se interesó por la repercusión en el uso. Artigas le explicó que las estimaciones apuntan a que los «casi 26.000 abonados» actuales pasarían a ser «35.000 a final del año», aumentarían a «40.000 en el 2018 y 45.000 en el 2019». Un incremento que el concejal de la formación naranja confiaba en «que no decaiga» como ha sucedido con el servicio actual con respecto a sus inicios en el 2018. Porque si la previsión no se cumple «costará más dinero». Artigas lamentó que «primero se exija» la ampliación «y luego se pongan palos en la rueda».