El cierre de la térmica de Andorra este próximo martes certificará el acta de defunción de la industria del carbón en Teruel. El sector minero-eléctrico ha dinamizado buena parte de la economía de la provincia en estos últimos 40 años y ahora su marcha marcará también el fin de una era. Los más optimistas prefieren verlo como el inicio de otra, incluidos los máximos responsables de Endesa, que han diseñado un ambicioso plan de futuro para intentar paliar el impacto del cierre de la central. Sin embargo, los agentes sociales y la mayoría de los vecinos se muestran preocupados ante el escenario de incertidumbre que se abre en el horizonte.
En el corto plazo, los efectos de la desconexión de la térmica se minimizarán gracias a los trabajos de desmantelamiento de la planta, que durarán entre cuatro y seis años y que podrían emplear a buena parte de los 200 empleados de las subcontratas. Ellos son, sin duda, los principales afectados del fin del carbón, ya que el personal propio de Endesa tiene garantizado su futuro de una u otra forma, igual que ocurrió con la plantilla de las minas cerradas hace un año y medio.
Como no podía ser de otra forma, la pandemia también ha afectado a la reinserción de los empleados de las subcontratas. De hecho, los cursos de formación que deben realizar para afrontar el desmantelamiento de la térmica tendrían que haber comenzado hace dos meses y no este lunes como ocurrirá finalmente. Todo ello retrasará el inicio de las obras (se prevén para el cuarto trimestre) y genera inquietud en la zona, donde se teme que algunos trabajadores decidan buscarse la vida en otro lugar en vez de esperar.
Mientras todo eso sucede, las administraciones públicas trabajan contrarreloj para intentar atraer empresas hasta la comarca y que este varapalo pueda suponer también el inicio de una nueva etapa.
Para que así sea hay que actuar con celeridad. Los vecinos, lamentablemente, no tienen demasiada confianza teniendo en cuenta las experiencias pasadas. Y es que los proyectos que iban a llegar a la zona hace algunos años al calor de las ayudas del plan Miner resultaron fallidos (Labdhifarma, Teruel Biotecnología, Aragal...).
Obviamente, la crisis económica no ayudó. Tampoco que hace más años se fiara la reconversión industrial casi en exclusiva a empresas vinculadas a la construcción (el ejemplo más paradigmático es la planta de Cemex de Andorra, que ni ha llegado a abrir).
EL PLAN DE FUTURO
Por su parte, Endesa está convencida de que la desconexión de la central, que cierra al no cumplir con la normativa europea de emisiones, puede suponer también el inicio de una nueva etapa. Y para ello ha presentado su plan de futuro. Con una inversión de 1.427 millones, prevé la construcción, entre otros proyectos, de 1.725 megavatios de potencia (1.585 en plantas fotovoltaicas y 140 en parque eólicos). El programa finalizaría en el 2026 y generaría 138 empleos durante más de 25 años en su fase de explotación.
Sin embargo, los sindicatos e incluso la DGA han calificado el plan de «insuficiente» y en los últimos años le han pedido a Endesa un esfuerzo extra.
Lo que parece evidente es que el fin del carbón va a zarandear de forma obligada toda la economía de la provincia, que a día de hoy carece de alternativas industriales. Algo impensable hace 40 años, cuando la térmica se puso en marcha como uno de los principales centros de producción de energía eléctrica de España. Su potencia, de 1.100 MW, se sitúa al nivel de una nuclear, aunque su producción fue disminuyendo en los últimos años por la retirada de los incentivos públicos y la intensa competencia de las energías renovables. De hecho, en el 2019 alcanzó su producción más baja de toda la serie histórica.
La térmica de Andorra es un símbolo industrial de Aragón, con sus tres torres de refrigeración y la emblemática chimenea, que con 343 metros de altura es una de las edificaciones más altas de España. Cuando inició su actividad, Endesa tenía en plantilla 450 trabajadores. Este número se ha ido reduciendo hasta los 120 actuales (a ellos hay que sumar los 200 de las contratas).
Su futuro pendía de un hilo desde hace años. Para adaptarla a la normativa europea se tendrían que haber invertido en su día 230 millones, una inversión «imposible de recuperar» en las condiciones de mercado actuales. La vida de la planta está ligada también a las críticas de los ecologistas, que históricamente han demandado su cierre por ser muy contaminante.
