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EL FIN DEL CARBÓN

Andorra confía en que la transición «justa» se traduzca ya en realidades

Técnicos del Ministerio de Transición Ecológica celebran hoy una reunión con 90 agentes sociales. La ministra Teresa Ribera cifra entre 40 y 50 los proyectos en los que trabajan varios ministerios

 

Reunión de trabajo para el impulso de Andorra, celebrada en octubre del 2019. - JAIME GALINDO

R. BARCELÓ
26/02/2020

Andorra confía en que la transición «justa» comience a ser ya una realidad. Los 90 agentes sociales y económicos del territorio –incluidos los ayuntamientos y el Gobierno de Aragón –esperan que la reunión que mantienen este jueves con técnicos del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfica se traduzca en compromisos «reales» que permitan afrontar el duro golpe que supondrá el cierre de la central térmica. Dicho de otra forma, quieren saber con qué recursos cuenta Teruel (tanto los procedentes del Gobierno central como de Europa) para su reconversión, qué perspectivas de inversión existen y qué proyectos se van a poner en marcha para paliar el fin del carbón.

El encuentro tiene lugar cuando apenas quedan cuatro meses para que Endesa desconecte la principal fuente de riqueza de la provincia. Será el 30 de junio. Y nada será igual ya.
Sin embargo, fuentes del Ministerio consideran que la reunión, que se celebrará en la casa de Cultura de Andorra, servirá para «poner en común los próximos pasos» en la elaboración de un convenio de transición justa. Además, añaden, será un «paso clave» para garantizar, a través de un proceso participativo, que los agentes del territorio formen parte del acuerdo, que identificará «proyectos e inversiones» para reactivar la zona.

La vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera, cifra en 40 o 50 los proyectos en los que trabajan ya varios ministerios y que considera «enormemente prometedores». La titular de Transición Ecológica afirmó que el protocolo de actuación –paso previo al convenio de transición justa para la zona de Andorra– esté firmado en las próximas semanas.

Lo aseguró tras ser preguntada por el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, durante una sesión plenaria en el Congreso, en la que éste le recriminó que la provincia sufre un trato «casi colonial», ya que de ella se han extraído los recursos, se han cerrado las infraestructuras y no se han creado proyectos que permitan crear empleo. Ribera afeó a Guitarte por usar el término colonial cuando lo que el Gobierno busca, recalcó, es la colaboración con la provincia.

El combate dialéctico no fue a más, pues Teruel Existe necesita al Gobierno y éste a Teruel Existe, pero la paciencia parece agotarse en la comarca. El líder del sector minero de UGT en Teruel, Alejo Galve, considera que las expectativas del encuentro de este jueves «son mínimas». «Poco se podrá hablar y aclarar con casi 90 agentes sociales. Lo que necesitamos es saber cuántos millones destinarán a la zona y cómo se van a invertir», subrayó.

Más optimista se mostró la consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, que consideró que Teruel tiene «recursos y músculo suficiente» para su reconversión económica y, de esta forma, «plantar cara» al «desafío» de la descarbonización.

El encuentro con los técnicos el Ministerio se produce apenas tres días antes de la manifestación convocada en Zaragpoza por los trabajadores de las subcontratas, que también esperan tener un futuro laboral. 

BRUSELAS PROPONE A TERUEL

La Comisión Europea ha propuesto Teruel sea uno de los territorios que reciba recursos del nuevo Fondo para la transición justa, que apoyará a las regiones europeas más dependientes de los combustibles fósiles en su transición climática. Además de Teruel, Bruselas también incluye a La Coruña, Asturias, León, Palencia, Almería, Córdoba y Cádiz.

Este mecanismo debería comenzar a andar en el 2021 con el objetivo de impulsar la descarbonización de la Unión Europea (UE) y ayudar en a alcanzar el objetivo del bloque de eliminar todo lo posible las emisiones de CO2 para el año 2050 y compensar las restantes. Para elegir las regiones europeas que podrán beneficiarse de estas ayudas, Bruselas ha optado por identificar aquellos territorios más afectados por la transición climática, especialmente en términos de pérdida de empleo derivada de este proceso.

En total, la propuesta de la Comisión Europea es que las ayudas del Fondo para la Transición Justa se destinen a unas 100 regiones de todo el bloque, de las 1.000 que hay, lo que supone aproximadamente un 10% del total y una «concentración muy significativa» de los fondos, según fuentes comunitarias.

Sin embargo, todo está sujeto a la dotación que finamente tendrá el Fondo para la Transición Justa para todo el periodo comprendido entre 2021 y 2027. Su presupuesto final depende de las negociaciones entre los líderes de los Veintisiete en las que también deben quedar fijados los de la PAC y la Política de Cohesión, entre otros.

La propuesta de Bruselas es que este Fondo cuente con una dotación para siete años de 7.500 millones de euros. A España le corresponderían un total de 307 millones según este reparto, en el que Polonia es el mayor beneficiado con 2.000 millones. La cifra resulta escasa, tal y como recalcó recientemente la ministra de Transición Ecológica, Teresa ribera. Los agentes sociales de Teruel también ven exigua esa cantidad.

De hecho, por delante de España figuran países como Alemania, con 877 millones; Rumanía, con 757 millones; República Checa, con 581 millones; Bulgaria, con 458 millones; Francia, con 402 millones; Italia, con 364 millones; y España, con 307 millones. Cierran la lista Malta, con 8 millones, y Luxemburgo, con 4 millones.

Bruselas aspira a que el Fondo para la Transición Justa movilice unos 100.000 millones entre inversiones públicas y privadas para apoyar a las regiones más dependientes de los combustibles fósiles. 

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