Cuando se cumple un año desde la declaración del primer confinamiento total, Aragón registra en torno a 24.000 sanciones impuestas y alrededor de 250 personas detenidas, según cifras facilitadas por distintos organismos. Todos estos supuestos se relacionan con el incumplimiento de la estricta normativa impuesta para evitar la propagación del coronavirus entre la población.
Se trata de la suma de multas y arrestos llevados a cabo por los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad en las tres provincias. En general, las sanciones económicas recayeron sobre personas que estaban en la calle, o de viaje, sin poder justificarlo con un actividad esencial. Pero una parte pequeña de este número de multas fueron para establecimientos hosteleros que no se ceñían a los horarios o permitían la celebración de fiestas en su interior.
Otras multas se debieron a no llevar mascarilla o por no respetar la distancia mínima de seguridad frente al covid-19. Superar el aforo máximo legal y fumar cuando estaba estrictamente prohibido o en lugares no adecuados supuso, asimismo, el establecimiento de una elevada cifra de sanciones que son recurribles.
En cuanto a las detenciones, en su mayoría fueron practicadas por el Cuerpo Nacional de Policía y obedecieron a la actitud observada por ciudadanos a los que, al solicitarles la identidad o que se pusieran la mascarilla, reaccionaron de forma agresiva o hicieron caso omiso a la obligatoriedad del cumplimiento de determinadas normas.
El primer toque de queda y los subsiguientes confinamientos obligaron a las fuerzas de seguridad a una puesta a punto de sus capacidades de coordinación con el fin de asegurar, por un lado, el movimiento de los servicios esenciales; y por otro, impedir la salida de los límites fijados del resto de la población, bien en confinamientos de ciudades, provincias o comunidades.
Los sindicatos de los distintos cuerpos señalan que esta circunstancia obligó a un gran esfuerzo de los agentes en casos en los que, además, se dan problemas de plantilla insuficiente. Sin embargo, fuentes oficiales de los mismos indican que el cumplimiento de las tareas encomendadas para el control del coronavirus se realizó sin afectar al funcionamiento del resto de cometidos encomendados, como el orden público y la regulación del tráfico.
Con el fin de asegurar la puesta en marcha de los controles, se aplazaron días festivos y periodos de vacaciones y se procedió a reorganizaciones. Una de las más importantes fue la colaboración entre los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad, la Policía Nacional, la Policía Local y la Guardia Civil, así como la fuerza adscrita a la DGA, en el caso de la comunidad aragonesa.
Ello permitió, en particular en lo concerniente a la vigilancia del toque de queda, realizar controles a distintos niveles. Unos se montaron dentro de las localidades, otros en el extrarradio y algunos en las vías de comunicación interurbana.
Un efecto secundario de los controles, que ahora se han desplazado a las fronteras de Aragón con las comunidades limítrofes, a raíz de la apertura intracomunitaria desde el pasado viernes, ha sido el descubrimiento de actos delictivos. Así, la Policía Nacional y la Local han podido intervenir sustancias estupefacientes y armas en puestos de control que inicialmente fueron pensados para verificar los movimientos ciudadanos en las épocas de confinamiento.
