La Asociación Naturalista de Aragón (Ansar) pedirá la retirada del proyecto de construcción del futuro ecovertedero municipal, adjudicado a las empresas Tecmed y Vertresa. Los ecologistas alegan irregularidades en la tramitación de la evaluación de impacto ambiental del proyecto, la falta de documentos "trascendentales" y los impedimentos impuestos desde el Gobierno de Aragón para acceder públicamente a dicha documentación, que en la actualidad se encuentra en exposición pública.

Ansar asegura que en la documentación sólo figuran cien de las 200 hectáreas que, según el pliego del concurso municipal, deben sumar los terrenos. "Tan sólo se exponen las cien hectáreas que ocupa la planta de tratamiento de residuos y el depósito de vertido inerte. Pero es el resto del suelo de reserva, del que se desconoce su ubicación, el que puede afectar a espacios protegidos de la Red Natura 2000 y a la Cabañera Real de Torrero, o a suelos calificados como no urbanizables de especial protección del ecosistema natural, según el PGOU de Zaragoza", asegura en una nota .

Por su parte, el consistorio ya anunció el visto bueno de la adhesión de unos terrenos colindantes que poseían la figura de suelo no urbanizable de especial protección del ecosistema natural. Figura incluida para el extrarradio urbano con el fin de impedir que toda Zaragoza fuera urbanizable con la liberación del suelo del PP. Una decisión que desbloqueó el parón del proyecto y que salvará las subvenciones millonarias de la UE.

Sin embargo, la asociación ha enviado, además, un escrito al Justicia de Aragón y a la directora general de Calidad Ambiental de la DGA por "las dificultadas para estudiar el proyecto". Ansar denuncia que las dependencias de la DGA en donde se expone no reúne las condiciones mínimas, "faltan técnicos que expliquen u orienten, se prohíben hacer fotocopias y no se preserva la confidencialidad de los datos personales".

Asimismo, Ansar muestra su "preocupación" por el "trato de privilegio" que el Departamento de Medio Ambiente del Ejecutivo aragonés ha dado al caso. Los conservacionistas muestran su extrañeza por la rapidez de respuesta a los informes presentados por las adjudicatarias. "Justo en las fechas en que el consejero Alfredo Boné defendía la creación del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) por la acumulación de 3.000 expedientes, Medio Ambiente tardó sólo un día en tratimar un informe", aseguran.