Anticorrupción pregunta el origen de la fianza del exgerente de Plaza

La Fiscalía Anticorrupción quiere conocer el origen de los 300.000 euros que pagó como fianza el exgerente de la Plataforma Logística de Zaragoza, Plaza, Ricardo García Becerril. Por ello, ha instado al titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza a que lo haga con la mayor brevedad posible.

Ahora, el magistrado José Ignacio Martínez tendrá que solicitar a la entidad Bantierra toda la información correspondiente a esta operación por la que García Becerril salió de la prisión de Zuera. Allí ingresó después de que el ministerio público pidiera una comparecencia para revisar la situación de este exalto cargo de Plaza que está imputado por falsificación, administración desleal, malversación de caudales públicos, cohecho, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.

Los abogados de García Becerril, José María Gimeno del Busto y José María Pabán, tardaron tan solo una semana en reunir el dinero, a pesar de que su defendido tiene las cuentas y bienes embargados, al igual que su esposa Elena Planté y sus hijas Carolina y Patricia García Planté, también imputadas en el caso saqueo que investiga la presunta malversación de 80 millones de euros en las obras de urbanización de este centro logístico.

El propio García Becerril tendría que pagar de forma solidaria con el resto de imputados en el caso pagarés --el exviceconsejero

Carlos Escó, el exdirector técnico Miguel Ángel Pérez y el constructor Agapito Iglesias-- una fianza de 18,5 millones de euros que no se ha bonificado hasta la fecha.

HACIENDA La Agencia Tributaria también está detrás de la familia García Planté y de dos de sus empresas. En una comunicación al juez Martínez, este organismo le pregunta si les puede analizar fiscalmente, a través de sus rentas entre los años 2009 y el 2012, ya que podría "condicionar directamente" a su instrucción. El magistrado no se opone porque de momento el foco de la investigación no se centra en delitos que tengan que ver con el fisco.

Los inspectores de Hacienda van más allá del aspecto patrimonial, ya que también han puesto sus ojos en sus empresas Pulsar Consultoría e Inversiones y en Leónica Promociones, que actualmente está liquidada, pero que Elena Planté la compartió con los hermanos Margalejo, también imputados en esta causa por supuestamente pagar peajes para conseguir ser proveedores de la UTE Acciona-Mariano López Navarro y por realizar facturas falsas.

Unas afirmaciones que rechazaron estos constructores, a través de su abogado Guillemo Palacín, con unas facturas en las que demostrarían que los trabajos se "se subcontrataron".