El juicio por la malversación de 150 millones de euros en las obras de puesta en marcha de Plaza ha vuelto a aplazarse. Ayer estaba previsto una de las sesiones finales, si bien los abogados de las defensas, Jesús García-Huici y Juan Monclús, pidieron posponer la vista 10 días, después de que las acusaciones en este caso -Fiscalía Anticorrupción, DGA y la propia empresa publica- modificaran sus conclusiones y, por tanto, sus peticiones de condena.
Los fiscales José Grinda y Juan José Rosa anunciaron ante los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia de Zaragoza que suprimen el delito de cohecho que solicitaban para el exviceconsejero socialista Carlos Escó y el empresario Miguel Ángel Floría. Ello implica que las penas iniciales de prisión se verían reducidas a 4 años y nueve meses por malversación, prevaricación y tráfico de influencias para Escó en concepto de autor y 3 años y 3 meses a Floría cómo cooperador necesario. Inicialmente, la penas máximas superaban los 7 años de prisión. En lo relativo al empresario Agapito Iglesias, la Fiscalía mantuvo la misma petición de cárcel de cinco años y 10 meses de prisión por los delitos de falsedad documental y cohecho, pero decidió aumentar el pago inicial de la multa de 70.000 euros a más de 755.000 euros. La DGA y la propia Plaza reducen su petición de cárcel a 4 años.
La explicación de la reducción de la condena es, según los fiscales, que el delito de cohecho que inicialmente observaban en Escó y Floría no se ha podido concretar durante las sesiones del juicio «la entrega de dinero o recibo de dádivas por parte de ambos». Asimismo, eliminaron del escrito de acusación los apartados que hacen referencia a la construcción del parque lineal del Canal Imperial y la elaboración del manual corporativo de Plaza porque entienden «que no hay prueba de cargo suficiente para entender que haya delito en su actuación». Por lo demás, consideran que la actuación de Escó, Floría y Agapito Iglesias fue delictiva durante la puesta en marcha de la plataforma logística.
La justificación de elevar la multa a Iglesias responde, según el fiscal Rosa, a que han decidido incluir los alquileres no cobrados entre octubre del 2010 y marzo del 2013 a las hijas del exgerente de Plaza, Carolina y Patricia García Planté, de un inmueble de Plaza propiedad de Iglesias. Por otro lado están los acusados que llegaron a acuerdos y admitieron las corruptelas en la puesta en marcha de Plaza. Dos de ellos, el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril y el exdirectivo de Acciona, José María Jordán, ingresarán en prisión por estos hechos.
