Entre las pruebas periciales expuestas ayer al jurado no solo hubo tiempo para debatir sobre la inflación del precio del kartódromo, sino sobre los gastos en metálico de Carlos Escó, que el grupo de Blanqueo de la Policía Nacional vio sospechosos. Para el exdirector de la Agencia Tributaria en época de Aznar, Ignacio Ruiz-Jarabo, que actuó como perito para Carlos Escó, el gasto no es «ni anómalo ni inusual» De hecho criticó a la Policía por no haber sumado a Eva Almunia a la ecuación familiar.

Con «la cuenta de la vieja», repasó Ruiz-Jarabo, el matrimonio incrementó su patrimonio entre el 2004 y el 2010 (el periodo analizado) en 280.000 euros, con la compra de una casa, la reforma de otra en Nueno, y muebles de lujo, perdiendo por ventas otra vivienda. Es decir, lo equivalente a un ahorro de 45.000 euros anuales, algo «completamente racional» con unos ingresos solo por nóminas de 200.000 euros al año entre los dos.

El perito analizó algunos de los pagos en efectivo que despertaron los recelos policiales y judiciales bajo la óptica de la «factibilidad». Es decir, si es «razonable, si conoces a alguien en tu entorno al que le haya pasado».

Y con esta perspectiva, e interrogando a otros implicados, el perito ve probado que en casa del padre de Eva Almunia «aparecieron» -nadie indagó más- 144.000 euros en efectivo, que por consejo letrado no fueron declarados (tampoco hubieran cambiado nada tributariamente) por si hacían falta para el cuidado del ya fallecido padre, enfermo de alzhéimer. Ya no hubo tiempo de declararlos porque estallaron los casos Plaza.

Igualmente fue creíble y constatado documentalmente que la moto Yamaha que adquirió se la compraron los amigos, a escote, en un cumpleaños.

O que una factura de 167.000 euros en muebles incluía en realidad un regalo de comunión a la hija del matrimonio, del padre y el hermano de Escó, además de una reforma en una casa, fundidas en un solo recibo porque fueron «a la vez».