La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), en la que se integra el titular del Juzgado de Instrucción número uno de Zaragoza, Carlos Lasala Albasini, emitió ayer un comunicado en el que ratifica la legalidad del procedimiento seguido durante la instrucción de diligencias sobre las concentraciones registradas ante la sede del Partido Popular en la capital aragonesa el pasado 13 de marzo. Según el escrito remitido por la sección territorial aragonesa de la APM, la labor del juez "no ha sido iniciada de oficio, sino como consecuencia de la denuncia formulada por un determinado partido político ante la Junta Electoral Central de Madrid, que le dio el curso correspondiente por estimar la concurrencia de indicios en orden a la presunta existencia de delito electoral". La asociación judicial señala que esta investigación "no se está produciendo exclusivamente en Zaragoza, sino también en otras ciudades españolas donde, en la misma fecha, se registraron hechos análogos". Por último, el escrito añade que, en el curso de esta investigación judicial, "se han respetado escrupulosamente todos los derechos y garantías de cuantas personas se encuentran presuntamente implicadas en los hechos, no adoptándose hasta el momento medida cautelar alguna restrictiva o limitativa de dichos derechos, y actuándose en todo momento con estricta sujeción a la ley".
