El pleno de las Cortes ha aprobado la ley que racionaliza el régimen retributivo y de clasificación profesional del personal del sector público empresarial, por la que se homologa el salario de los directivos de estas entidades al que perciben los altos cargos de la administración autonómica.

La ley, tramitada en lectura única y que ha sido aprobado por unanimidad, concreta un compromiso adoptado en la ley de presupuestos de 2016, ha explicado el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno.

Ha reconocido cierto retraso en la presentación, que ha achacado a las discrepancias que con este acuerdo demostró el Gobierno de España, que entendió que podría suponer un incremento de la masa salarial del sector público de la comunidad, regulada a su vez en los presupuestos generales del Estado.

Hasta noviembre de 2016 no se alcanzó un acuerdo con el gobierno central sobre este asunto, y de forma inmediata el Consejo de Gobierno aprobó el proyectó de ley.

La "voluntad política" de racionalizar las retribuciones y de homologar los sueldos de los altos directivos de las empresas públicas a los de los consejeros y el presidente de la comunidad ha quedado "demostrada", según Gimeno.

De hecho, ha dicho que el 93 por ciento de los sueldos de las plantillas de estas entidades ya han sido homologados.

En la exposición de motivos se explica que hasta ahora no se ha producido una "regulación formal" y por eso la nueva ley pretende establecer "criterios claros, uniformes y objetivos" para la determinación de sus retribuciones y de su clasificación profesional, que proporcione un marco jurídico adecuado para establecer la homologación de sus retribuciones.

La diputada del PP Yolanda Vallés ha dudado que se trate de un nuevo parche legislativo para resolver cuestiones relacionadas con el régimen de personal, pero ha mostrado su apoyo con el espíritu general de la norma.

Por Podemos, Marta de Santos ha recordado que la ley responde en origen al acuerdo de investidura que el PSOE firmó con la formación morada que, ha dicho, sigue sin cumplirse, entre otras cosas porque incluía la ley de reforma de la función pública.

Ha añadido que durante veinte años, la administración ha ido creciendo con entidades al margen del poder político y, en ocasiones, sindical, y ha quedado demostrado que muchas han sido unas "cuevas" para escapar del control parlamentario en las que los directivos podían llegar a cobrar salarios entre un 24 y un 76 por ciento más elevados que los de un consejero.

La diputada del PAR Elena Allué ha considerado justa y necesaria la ley, entre otras cosas porque "no era lógico" que los directivos de empresas públicas estuvieran cobrando más que el presidente del Gobierno de Aragón, teniendo en cuenta la magnitud de las responsabilidades de cada uno, aunque ha requerido reformas "en mayor profundidad" en cuanto a la arquitectura institucional y la función pública.