El Pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado hoy la proposición de Ley de Aguas y Ríos de Aragón, que tiene como finalidad clarificar y regular las competencias de la comunidad en materia de aguas y río, siempre dentro de las máximas que otorga a las autonomías la legislación básica estatal.
La proposición fue presentada en febrero por el Grupo Aragonés, con el objetivo de desarrollar el Estatuto de Autonomía en lo que respecta a la gestión del agua, al rechazo a los trasvases y a la gestión de la reserva hídrica de 6.550 hectómetros cúbicos que la norma básica aragonesa reconoce para la comunidad.
La ley recoge los aspectos fundamentales de lo que sería la legislación del agua en Aragón: organización, competencias, gobernanza -a través de la Comisión del Agua-, planificación, infraestructuras, dominio público hidráulico, prevención de riesgos por inundaciones o sequías, impuesto sobre la contaminación del agua y régimen sancionador, ha recordado el coordinador de la ponencia que ha estudiado la ley y portavoz del PAR, Alfredo Boné.
La ley ha sido aprobada con el consenso de todos los grupos parlamentarios, cuyos portavoces han hecho hincapié en el esfuerzo realizado en la ponencia para llegar a un acuerdo mayoritario en un tema de "vital importancia" para la comunidad, han coincidido todos.
Boné ha insistido en que la ley pretende dar a Aragón "todas las competencias posibles" en materia de aguas, y fija la posibilidad de buscar fórmulas, conjuntamente con la administración del Estado, para obtener la encomienda de gestión de determinadas competencias referentes a la gestión del agua.
También clarifica las competencias que corresponden a las administraciones locales y apuesta por la educación y sensibilización ciudadana, siempre, según Boné, desde el respeto absoluto a la unidad de cuenca, entendiendo que ésta supone una "gestión coordinada" que no centralizada.
En el texto de la ley se especifica que sus finalidades son reconocer y proteger los derechos de Aragón y de los aragoneses en relación con el agua y garantizar las necesidades básicas para el consumo humano y el desarrollo económico y que éste sea compatible con el buen estado de los ecosistemas acuáticos y terrestres.
También aplicar el principio incluido en el Estatuto de que los poderes aragoneses evitarán transferencias de aguas de las cuencas hidrográficas de las que forma parte la comunidad que afecten a intereses de sostenibilidad, atendiendo a los derechos de las generaciones presentes y futuras de aragoneses.
Además, según ha recordado Miguel Aso (IU), se ha incorporado un artículo que especifica que el agua es un bien público no sujeto a las leyes de libre mercado ni a compraventa.
Joaquín Palacín (CHA), por su parte, ha recordado que se ha introducido un artículo para promover el ahorro del recurso y que se ha establecido en la norma que se fijará un precio "asequible y social" para el uso doméstico del agua.
