El pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado hoy la Ley autonómica de Fundaciones Bancarias, en la que se ha introducido una enmienda a instancias del PSOE para "blindar" las competencias de la Comunidad respecto del control de estas entidades ante una posible "injerencia" desde Madrid.

El texto, que se ha tramitado por el procedimiento de lectura única, supone una adaptación de la ley aragonesa a la estatal y ha contado con el apoyo del PP, el PAR y el PSOE.

Mientras que IU ha votado en contra -de hecho ha presentado una enmienda a la totalidad pidiendo su devolución- y CHA se ha abstenido, ya que considera que supone el último paso en la "defunción" de la cajas de ahorro en Aragón y el modelo social que representan.

En la ley se ha introducido una enmienda a instancias del PSOE para "blindar" las competencias de Aragón respecto de la obra social ante la "injerencia" que puede llegar desde Madrid si se aprueba una enmienda que el PP ha presentado en el Senado por la que la única fundación bancaria de Aragón, la de Ibercaja, quedaría bajo el "protectorado" del Ministerio de Economía.

Se trata de tener un instrumento de preparación para una "batalla jurídica", ha explicado el portavoz del PSOE, Javier Sada, quien ha anunciado que si se aprueba esa enmienda en la Cámara Alta los socialistas utilizarán todos los medios de defensa jurídica, incluido un recurso de inconstitucionalidad.

De esta forma, en virtud de esa enmienda, quedan sujetas a las disposiciones de la ley aragonesa las fundaciones bancarias con domicilio en Aragón cuyas funciones, consistentes en la atención y desarrollo de la Obra Social y la adecuada gestión en su participación en una entidad de crédito, se desarrolle principalmente en la Comunidad.

La ley, que ha defendido en el pleno el consejero aragonés de Presidencia, Roberto Bermúdez de Castro, desarrolla las competencias de Aragón en materia de cajas de ahorros y fundaciones como herederas de la obra social que las cajas venían realizando.

La ley aragonesa reserva a los representantes de la Comunidad Autónoma el 25 por ciento de los puestos del patronato, que ocuparán personas que posean conocimientos y experiencia específica en materia financiera.

Hasta ahora, ese porcentaje de participación de los representantes de la autonomía era del 40 por ciento.

El resto de patronos serán representantes de las entidades fundadoras de las cajas de las que proceden o de entidades representativas de intereses colectivos y personas privadas, físicas o jurídicas que hayan aportado significativos recursos a la fundación.

Además de personas independientes de reconocido prestigio profesional en las materias relacionadas con el cumplimiento de los fines sociales, y personas que posean conocimientos y experiencia específicos en materia financiera.

En contra de la ley ha intervenido el diputado de IU Luis Ángel Romero, quien además de criticar el retraso con el que el Gobierno de Aragón ha aprobado la ley, a quince días de que expire el plazo de seis meses fijado en la ley estatal, ha incidido en que supone la certificación de la "defunción" de las cajas de ahorro y acabar con cerca de 200 años de historia de estas entidades en España.

Para IU, ha subrayado, no es "justo" que una crisis mal calculada y gestionada "se lleve por delante" un modelo cercano al ciudadano y gestionado con carácter social, que era eficaz, y ha puesto como ejemplo a Ibercaja, arraigado en el territorio y que ha jugado un importante papel en el desarrollo de Aragón a través de la Obra Social.

José Luis Soro (CHA)) ha afirmado que hoy es un día "muy triste" para quienes defienden las cajas de ahorro a pesar de los "excesos" y ha justificado la abstención de su grupo, en un último gesto de apoyo a las cajas, en que en todo caso regiría la ley estatal, que además ha "expropiado" a Aragón la competencia ya que la Fundación Ibercaja quedará bajo el protectorado del Ministerio de Economía.

Antonio Ruspira, del PAR, ha valorado que hoy, con esta ley, Aragón gana dos fundaciones y ha indicado, respecto de la de Ibercaja, que lo importante no es el protectorado, sino la gestión que se realice desde el patronato, y si mayoritariamente son personas elegidas en la Comunidad volcarán los esfuerzos de la obra social en la Comunidad.

Finalmente, Antonio Torres, del PP, ha destacado que la ley aragonesa, como la estatal, persigue la profesionalización, el control y la transparencia, la defensa de los depositantes y la garantía de la Obra Social.

Y modifica de manera importante la ley de Cajas de Ahorro de Aragón de 1991 en aspectos como la profesionalización, con una reducción en la participación de las administraciones púbicas y reforzando el papel de los impositores.