El Pleno de las Cortes ha aprobado la ley de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, que pretende hacer compatible la actividad humana con la protección del medio ambiente, agilizando los tramites administrativos y eliminando algunas restricciones a los planes y proyectos a realizar en la comunidad.

La ley se ha tramitado en cumplimiento de lo establecido en la norma estatal que regula la evaluación ambiental de planes, programas y proyectos, aprobada en diciembre de 2013, que fijaba un plazo de un año para que las autonomías con legislación propia en la materia se adaptaran a lo dispuesto en ella.

Así, según ha explicado el consejero de Medio Ambiente, Modesto Lobón, en el Pleno, la norma pretende dar facilidades para emprender negocios en el territorio de la comunidad y racionalizar, simplificar y agilizar los procedimientos administrativos de control ambiental, garantizando la colaboración y coordinación entre todas las administraciones públicas competentes.

Además de fomentar la participación real y efectiva de los ciudadanos en la toma de decisiones, rebajar los requisitos ambientales exigidos para determinados proyectos, aumentar las actividades exentas del requisito de evaluación ambiental o disminuir los plazos para la resolución de los expedientes.

Respecto a las singularidades aragonesas, la norma reconoce al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental las competencias para la tramitación y resolución de los procedimientos de evaluación.

Los portavoces de la oposición han lamentado la falta de consenso y las escasas enmiendas que les han sido aceptadas (9 de 29 al PSOE, 10 de 63 a CHA y 4 de 38 a IU), que pretendían aumentar el nivel de transparencia y participación ciudadana en la tramitación de proyectos.

Así, Elisa Sancho (PSOE) ha indicado que no se han tenido en cuenta las peticiones para que la información al respecto de estos proyectos esté disponible para todos los ciudadanos, y ha lamentado que no se haya aceptado rebajar los plazos de tramitación en lo que compete a las administraciones locales.

A este respecto, Miguel Aso (IU) ha dicho que algunos ayuntamientos pequeños no tienen capacidad técnica para respetar estos plazos.

Aso ha agregado que IU se opone, además, a que se eliminen los requisitos de impacto ambiental para proyectos de investigación que, como los de captación y almacenamiento de dióxido de carbono (CO2) o de fractura hidráulica, se ha demostrado que tienen afecciones al medio ambiente.

También ha criticado que se establezca la posibilidad de promulgar leyes específicas, al margen de la normativa aprobada hoy, para determinados proyectos, lo que "abre las puertas" a planes "francamente preocupantes" como Gran Scala o la unión de las pistas de esquí.

Por CHA, Joaquín Palacín, ha indicado que se ha rechazado que colectivos o plataformas puedan presentar alegaciones a los proyectos que requieren informe ambiental sin necesidad de que éstos tengan personalidad jurídica, y ha añadido que la ley "no es transparente" y elimina las garantías medioambientales en algunos casos.

Sin embargo, por parte de los grupos que apoyan al gobierno, el popular Ramón Celma ha hecho hincapié en que se promulgan 18 medidas de simplificación administrativa, que dan respuesta a las demandas de la sociedad, y Joaquín Peribáñez ha incidido en que la norma clarifica las actuaciones en función de los diferentes niveles de gobierno competentes.