El Consejo de Ministros aprobó ayer, a propuesta del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, la declaración de urgente ocupación de los bienes afectados por la ejecución de las obras del futuro embalse de Almudévar. Unas expropiaciones de terrenos y demás infraestructuras por las que el Gobierno estima que pagará 37,7 millones de euros, a falta de lo que luego determinen los tribunales si hay recursos de los afectados.

El Ejecutivo continúa así con bastante agilidad en su propósito de acometer la mayor obra hidráulica planificada para esta legislatura, cuyo proyecto fue aprobado a mediados del pasado mes de marzo, con un coste estimado total de 102,2 millones de euros. En principio, los 37,7 previstos para expropiaciones estarían incluidos en este coste, aclararon fuentes de la Delegación del Gobierno en Aragón, cuyo jefe, Gustavo Alcalde, confió en que las obras comiencen «cuanto antes», con este trámite. «Hoy (por ayer) es un gran día para Aragón», afirmó.

No en vano, el Gobierno considera que la obra del embalse responde a una «importante demanda social», particularmente de los regantes del Alto Aragón. No lo han demandado tanto, más bien al contrario, los colectivos ecologistas.

Pero finalmente, tras dos legislaturas aprobado y previo cambio de proyecto y denominación -del embalse de Biscarrués al sistema Almudévar-Biscarrués, con dos balsas laterales, de la que esta sería la mayor y la otra está sin tramitar-, ha salido adelante con la declaración prioritaria del ministerio que dirige Isabel García-Tejerina.

Las expropiaciones afectarán a los términos municipales que alberga el embalse. Esto es, al propio Almudévar, Huesca, Vicién, Tardienta y Sangarrén, todos en la provincia oscense.

Con el pantano, el Gobierno prevé paliar los efectos de la sequía en la zona, ya que la presa almacenaría el caudal del río Gállego que supere la capacidad del embalse de La Sotonera, aguas arriba, y se nutriría en menor medida de los excedentes del Cinca. Con ello, el sistema de riegos del Alto Aragón tendría caudales más regulares, además de laminar las avenidas del río Gállego, recordó ayer el ministerio.

CAPACIDAD / El embalse tendrá una capacidad de almacenamiento de 169,41 hectómetros cúbicos de agua, mediante dos diques construidos con materiales sueltos que cierran, en sus costados occidental y oriental, una vaguada natural cercana al municipio que le da nombre.

Además de acometer estos diques, las obras incluirían la construcción de una estación de bombeo, una subestación eléctrica y la reposición de los caminos afectados.

Para el ministerio, esta obra no solo es beneficiosa para los propios agricultores por los caudales más seguros, «sino que, también, repercute en todo el tejido social, en el área económica y, principalmente, en el crecimiento o mantenimiento del empleo». En línea similar, Gustavo Alcalde resaltó lo «fundamental» de la actuación para la agricultura aragonesa.

Para los colectivos ecologistas, por contra, el proyecto no solo es prohibitivo en cuanto a su rendimiento, por el gasto energético del llenado por bombeo, sino que contraviene las tendencias climáticas que harán necesarias unas aportaciones constantes al cauce del Ebro, cada vez más seco.

Insisten en que aumentar la superficie regable en los Monegros es un error, y abogan por buscar otras vías más eficientes y menos dañinas a largo plazo de aprovechamiento de la zona.