El Consejo de Gobierno dio luz verde ayer al nuevo decreto que regula el uso de desfibriladores automatizados externos (DEA) fuera del ámbito sanitario y que sustituye al decreto del 2006, vigente actualmente. La norma recoge la obligatoriedad de instalar, al menos un DEA, en comercios de más de 2.500 metros cuadrados; aeropuertos y estaciones de tren y autobuses en poblaciones de más de 25.000 habitantes; así como centros de ocio, deportivos y piscinas con aforo igual o superior a 300 personas.

También en centros educativos; de trabajo con más de 250 empleados; residencias de más de 200 plazas y hoteles con más de 100 y en una patrulla de las policiales locales en los municipios que las tengan.

Hasta ahora solo se consideraban competentes los médicos, enfermeros y personas que recibían formación específica para su uso fuera del ámbito sanitario. Ahora, como novedad, se incluyen los técnicos en emergencias sanitarias.

Así, el resto de personas no relacionadas con el ámbito sanitario deberán estar formadas a través de las entidades acreditadas en Aragón y que ofrecen cursos de formación.

El decreto contempla que en el mapa autonómico de ubicación de desfibriladores fuera del ámbito sanitario (publicado en la página web del Departamento de Sanidad) se puedan incluir los desfibriladores dependientes de los Ministerios de Defensa e Interior y la posibilidad de que se puedan instalar DEAS en la vía pública o en lugares a la intemperie, así como en vehículos de transporte público.

Según el decreto del 2006, Aragón tiene instalados a lo largo y ancho de su territorio un total de 334 desfibriladores semiautomáticos, de fácil acceso, y dispone de una web interactiva donde se puede conocer su ubicación exacta.

En caso de emergencia, si no existiera personal entrenado disponible para el uso del desfibrilador, el decreto recoge que cualquier ciudadano podrá utilizar el dispositivo, siguiendo las instrucciones de los servicios de emergencias, con independencia de la ubicación y de la propiedad o titularidad de los aparatos.

Por otro lado, el Gobierno de Aragón sacará a licitación antes de finales de febrero un acuerdo marco para homologar el suministro (mediante arrendamiento y servicio de gestión integral( de una serie de desfibriladores destinados a dependencias de la Administración y entes públicos adheridos. Las empresas licitadoras deberán estar autorizadas para impartir la formación oficial tanto inicial como continuada.