El Gobierno de Aragón aprobó ayer el plan sobre el que pivotará la política de prevención de riesgos laborales entre los empleados públicos. Entre los puntos destacados está el de incluir el compromiso de asumir, de manera progresiva y con medios propios, los exámenes de salud de todos los empleados públicos, un proceso que está previsto que concluya antes del 31 de diciembre del 2017. La normativa cuenta con el apoyo de los sindicatos y de la comisión de Prevención de Riesgos Laborales.
