El conocido como caso cuadros, que investiga los sobrecostes en la compra de cinco obras de arte por parte de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) y la DGA por valor de 13,6 millones de euros, comenzó a instruirse judicialmente, tras la denuncia de Apudepa. Ahora, esta asociación que defiende el patrimonio aragonés acaba de solicitar al magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza, José Ignacio Martínez, que acepte su personación como acusación. Actualmente, ejerce este poder el Ejecutivo autonómico. La letrada de este colectivo, Pilar Villellas, basa su solicitud en un informe elaborado por un profesor de universidad especialista en la obra de Goya, Arturo Ansón, quien habla de precios excesivos.
De hecho, resalta que, por ejemplo, la compra del retrato de Don Luis María de Borbón y Ballabriga se adquirió a través de la Fundación Plaza y no de la DGA para un futuro Espacio Goya. "Sorprende que lo haga una fundación que no tenía nada que ver con el mundo del arte", apostilla Ansón en el estudio. La investigación que dirige el juez Martínez, instructor del caso saqueo por la presunta malversación de 80 millones de euros en la urbanización de Plaza, ha puesto sus ojos en el exviceconsejero socialista de Obras Públicas, Carlos Escó, que era miembro del patronato de esta fundación.
La Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional está indagando, tal y como avanzó este diario, si el político altoaragonés pudo beneficiarse de esta operación cultural. Concretamente, si se benefició de descuentos en la compra privada de cuadros en la galería Caylus, la misma en la que se adquirieron los lienzos.
Hay tres informes que sí avalaron la compra por considerar los precios "proporcionales".
