La Asociación Pública en Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa) mostró ayer su "cautela" ante el auto de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que fijaba en un millón de euros el aval para otorgar las medidas cautelares quie impidan la demolición de las naves no catalogadas de la factoría Averly en Zaragoza. Porque es una cifra "inasumible", según manifestó su presidente, Carlos Bitrián, pero que no descartan poder recaudar. "Tenemos dos meses para que nos toque la lotería", bromeó el portavoz de este colectivo, para quien esta "pequeña victoria" que supone impedir un derribo que se preveía ya para marzo no es el objetivo, sino evitar que se destruya.

Mientras, la asociación tampoco descarta "pedir ayuda a las instituciones" para juntar el millón de euros que le exige el TSJA. Si finalmente lo tiene que pagar. Porque "este es un pequeño triunfo pero si lo van a acabar tirando tampoco es mucho avance", señaló Bitrián, quien afirmó que prefieren aguardar a que se les notifique el auto, para consultar con sus abogados y la asociación y decidir si recurren o no.