El auge de las apuestas, sobre todo deportivas, podría haber «tocado techo» en Aragón. Así lo considera la directora general de Justicia e Interior, María Ángeles Júlvez, al constatar que el año pasado fue el primero en mucho tiempo en el que este tipo de juego de azar perdió fuelle. La recaudación de las apuestas presenciales -las que no se realizan por internet, y por tanto están bajo el control del Gobierno de Aragón- creció de 27 a 62,7 millones de euros en cuatro años (del 2013 al 2017), pero el pasado sufrió una merma de casi 700.000 para quedarse en un total de 62.087.592 euros.

Así lo apuntó Júlvez durante su enésima comparecencia ante la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario de las Cortes de Aragón, en la que a petición de Podemos detalló (o no, según a qué grupo se le pregunte) el desarrollo de algunas de las últimas medidas que ha venido aprobando el Parlamento autonómico en torno al sector en los últimos meses.

Al centrarse la mayoría de las formaciones políticas en el auge de las apuestas deportivas y la supuesta proliferación de locales y facilidad de acceso, Júlvez detalló que, en realidad, las apuestas habían bajado y que el único tipo de local relacionado con el azar que incrementó su número el año pasado fueron los salones de juego. Fueron cuatro más, todos ellos fuera de Zaragoza capital, para alcanzar los 118. Los locales de apuestas (4), bingos (14) y el casino siguieron en los mismos guarismos.

La bajada en la recaudación, sin embargo, no disminuyó los impuestos, que de hecho crecieron. La tributación del 2017, de 1.140.000 euros, pasó a ser de 1.181.000. La explicación está en que, pese a que hubo menos dinero invertido, los apostantes fueron menos afortunados y las casas y salones ganaron más, por lo que pagaron más impuestos por ello.

FISCALIDAD

Júlvez centró el problema en el juego por internet, incontrolado frente al presencial, y apostó como una de las vías de actuación por aumentar la fiscalidad de las apuestas, que solo tributan un 10% mientras otros sectores, como el bingo o las loterías, alcanzan hasta el 25% en algunos supuestos.

Los beneficios de este hipotético aumento impositivo se podrían reinvertir en programas educativos y sanitarios, que a juicio de la directora general de Justica e Interior es donde hay que actuar.