Las apuestas movieron el año pasado en Aragón alrededor de 62 millones de euros, una cantidad económica generada por una actividad que, sin embargo, preocupa a los grupos políticos de las Cortes de Aragón debido al incremento de las ludopatías y adicciones, especialmente entre los más jóvenes.

Así se ha puesto de manifiesto este lunes la directora general de Justicia e Interior del Gobierno aragonés, María Ángeles Júlvez, quien ha comparecido en el Parlamento para dar cuenta del informe sobre la situación del juego en Aragón y de las acciones llevadas a cabo para el control de las ludopatías.

La comparecencia se ha producido a petición de Podemos, cuyo diputado Carlos Gamarra ha criticado la falta de medidas para evitar la proximidad de locales de juego a centros escolares, limitar "al máximo" la publicidad sobre apuestas o establecer distancias mínimas entre locales.

En respuesta a estas críticas, Júlvez, ha explicado que el mantenimiento del número de establecimientos de juego presencia (4 locales de apuestas, 118 salones de juego, 13 bingos y 1 casino) no ha dado lugar a plantear la posibilidad de modificar las distancias entre sí.

Ha valorado, además, el funcionamiento y actualización permanente del "registro de autoprohibidos", 2.960 personas con problemas de adicción que se han autoimpuesto no entrar a estos locales, y la colaboración de las empresas del sector para evitar el acceso a menores.

Respecto a la publicidad, ha comentado que la normativa aragonesa es actualmente la más restrictiva del país, con un control que ha hecho "inviable" su difusión en la televisión y radio pública de la Comunidad, aunque ha precisado que la divulgada en medios de comunicación nacionales se escapan al control autonómico.

"¿Podemos prohibir al Real Madrid jugar en Zaragoza con publicidad de Bwin?", se ha preguntado Júlvez antes de resaltar que la publicidad genera "problemas importantes" a nivel jurídico al contar con autorización de la Dirección General del Juego a nivel nacional.

En alusión directa a las críticas de Podemos ha destacado que la situación generada por las apuestas deportivas, aún siendo "importante", sólo es parte de una problemática mayor que engloba al juego 'online' y al realizado sin dinero.

Júlvez se ha referido a un reciente informe de ámbito nacional que cifra en un 6,4 % el número de menores de entre 14 y 18 que reconocen haber apostado, una estadística que advierte, además, de que un 36 % de las personas que se inician en el juego tienen menos de 21 años.

Ha señalado, además, que tras el plan de inspecciones puesto en marcha en 2016 por su departamento, más de mil al año, las empresas del sector se han implicado para colaborar en evitar la entrada de "autoprohibidos" y menores en los locales de apuestas.

También ha incidido en los problemas derivados del juego sin dinero, en especial en juegos como "Fortnite", que, ha subrayado, restan de 4 a 6 horas a los menores de estudios o de otro tipo de ocio y generan conductas adictivas.

Entre las medidas a adoptar, se ha mostrado partidaria de incrementar la fiscalidad a las apuestas, que tributan un 10 % y que resultan muy rentables a las casas "online" al no ser necesaria la contratación de empleados ni de locales.

En el turno de réplicas, Gamarra ha insistido en la necesidad de impulsar medidas contra la publicidad del juego no sólo en la televisión y radio autonómicas sino en los medios escritos y de radiotelevisión en los momentos de desconexión regional, aunque ha admitido que esto podría generar "tensiones y presiones".

En este mismo sentido se ha pronunciado el portavoz de Ciudadanos en la comisión, Ramiro Domínguez, quien tras valorar el impacto económico del juego en las arcas del Estado y en los medios de comunicación ha espetado "¡A ver quién es el guapo que se atreve a ponerle el cascabel al gato!".

Las diputadas María Herrero, del PAR, y Carmen Martínez, de CHA, también han incidido en la necesidad de plantear "restricciones" en la publicidad del juego, mientras que el diputado del PP Fernando González ha urgido al Gobierno aragonés a "hacer frente" a una problemática que, según ha afirmado, "ha pasado a afectar a los adolescentes".