La desorientación que vive el sector de los desguaces ha obligado al Ministerio de Medio Ambiente a convocar para mañana en Madrid una reunión técnica con todas las comunidades autónomas. La nueva normativa para dar de baja un vehículo, que Tráfico aplica desde el viernes 13 de febrero, ha planteado numerosos interrogantes en Aragón, tanto para los responsables técnicos como para las instalaciones y usuarios.

Los vehículos son considerados a partir de ahora como residuos contaminantes peligrosos que deben ser tratados por un Centro Autorizado de Tratamiento (CAT). A día de hoy, el Gobierno de Aragón ha concedido a trece desguaces de la comunidad (siete de ellos de Zaragoza) la autorización para expedir el certificado de descontaminación exigido por Tráfico.

Sin embargo, el descontento prima en el resto de las instalaciones, que incluso habla ya de "discriminación" y de falta de criterios objetivos a la hora de conceder la DGA las autorizaciones. En caso de que la situación se prolongue más tiempo, algunos de ellos incluso se plantean una denuncia ante el Tribunal de la Competencia.

Las quejas se fundamentan en la falta de un plazo de adaptación desde que se aprobase la nueva orden --que fue de ejecución inmediata-- y la lentitud de la Administración a la hora de tramitar los expedientes presentados. No ser un CAT significa no poder admitir un vehículo, no ya de particulares, sino de los propios seguros o concesionarios.