El Gobierno de Aragón ha solicitado al Estado la creación de un grupo de trabajo para impulsar una Estrategia Nacional por el Cambio Demográfico, a fin de combatir la despoblación en el medio rural.

El consejero de Política Territorial, Antonio Suárez, ha explicado en el pleno de las Cortes de Aragón que trabajan para la creación de esta estrategia, en respuesta a una interpelación del PSOE que ha criticado el recorte de los servicios públicos en el medio rural.

La diputada del PSOE Carmen Sánchez ha alertado de que en Aragón hay al menos quince comarcas declaradas "desiertos demográficos" por un estudio realizado por la Universidad de Valencia.

Uno de cada seis españoles que viven en municipios de menos de cien habitantes lo hacen en Aragón, un Comunidad que ocupa el 10 % del territorio y donde vive el 3 por ciento de la población total, ha añadido

Más de 500 municipios, de los 731 de la Comunidad, tienen menos de 500 habitantes y casi el 70 por ciento de la población vive en tan sólo catorce municipios, ha remarcado la diputada, quien ha advertido de que hay 162 municipios catalogados como "terminales", porque el 40% de su población tiene más de 65 años.

Ante estos datos, ha preguntado al Gobierno sobre las líneas de trabajo que lleva a cabo para frenar esta "sangría" y revertir la despoblación del medio rural aragonés, ya que ha considerado "urgente" hacer algo.

En este sentido, ha asegurado que los recortes aplicados por el Ejecutivo en los servicios públicos, como el cierre de las escuelas rurales o la supresión de líneas de transporte, no favorece el asentamiento de la población en el medio rural.

A este respecto, el consejero Suárez ha indicado que el desarrollo rural es una de las principales líneas de trabajo de su consejería y, por ello apoya, junto a otras Comunidades Autónomas, la creación de un grupo de trabajo para impulsar una estrategia nacional por el cambio demográfico.

Además, ha apuntado que también junto a seis Comunidades Autónomas está trabajando para que el nuevo sistema de financiación valore la dispersión geográfica y no tanto la población, para obtener más fondos que garanticen la prestación de servicios públicos.