El Consejo de Gobierno de Aragón ha aprobado el Decreto por el que se crea la Sede Judicial Electrónica que permitirá realizar todas las actuaciones, procedimientos y servicios que requieran la autenticación de la Administración de Justicia y aquellas que se incluyan dentro de este ámbito territorial.
La Sede Judicial Electrónica, que entrará en vigor el próximo 2 de enero, es una dirección electrónica disponible para ciudadanía y profesionales de la Justicia a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración corresponde a cada una de las administraciones competentes en materia de Justicia.
Esta sede será el punto de acceso electrónico a los procedimientos y servicios que presta cada uno de los órganos y oficinas judiciales y fiscales dentro de la Administración de Justicia en Aragón con el objeto de facilitar su acceso y crear un espacio de relación en el marco de la actividad judicial con las garantías procesales necesarias, informa el gobierno autonómico en una nota de prensa.
El Decreto aprobado este martes establece los portales de acceso y registros electrónicos del ámbito de la Administración de Justicia de Aragón y ha sido informado favorablemente por el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia (CTEAJE), la Fiscalía General del Estado, por Aragonesa de Servicios telemáticos (AST) y por la Dirección General de la Administración Electrónica y Sociedad de la Información.
El documento final ha sido sometido a información pública y a audiencia a los diferentes colegios profesionales con presencia en Aragón que pudieran verse afectados.
La Sede Judicial Electrónica permitirá un ahorro en la gestión de los servicios inherentes a la actividad judicial, sobre todo en el coste de los actos de comunicación como son la impresión y transporte, de más de 300.000 euros anuales.
Al tratarse de un módulo del Avantius, este servicio ya está presupuestado en la partida destinada a mejoras del sistema que se acomete cada año.
La Dirección General de Justicia lleva a cabo desde el pasado verano varias reuniones informativas de un plan piloto en el que han participado los juzgados afectados, entidades bancarias y de ahorro (Ibercaja, Bantierra, Banco de Santander, Caixabank y Caja Rural de Teruel) y próximamente la aseguradora Mapfre.
