El Consejo de Gobierno de Aragón ha aprobado hoy el anteproyecto de ley de transparencia pública y participación ciudadana, que busca hacer visible a los ciudadanos cómo se gestiona lo público y sepan a qué se dedican sus impuestos.

En la rueda de prensa posterior al Consejo, el titular de Presidencia, Roberto Bermúdez de Castro, ha explicado que esta ley, que la sociedad reclama desde hace tiempo, obliga a las administraciones públicas de Aragón, entre otros entes, a elaborar, mantener actualiza y difundir por medios electrónicos la información que garantice la transparencia en su actividad.

Todas las entidades afectadas por esta ley tendrán que reflejar su estructura, funciones y sede, las retribuciones anuales de los altos cargos y máximos responsables y, en el caso del Gobierno de Aragón, los datos biográficos y currículum, funciones, compatibilidades de cargos y las retribuciones por el ejercicio del puesto y los gastos de representación, además de las agendas públicas, el personal de confianza -con funciones y salarios- y el dinero destinado a las campañas de publicidad.

Las entidades obligadas a ser transparentes son el Gobierno de Aragón, ayuntamientos, comarcas, los organismos y entidades de derecho público dependientes de las administraciones aragonesas, los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales que reciban dinero del Ejecutivo aragonés, la Universidad de Zaragoza, las sociedades y fundaciones con participación pública superior al 30% -como Aramón- las Cortes, el Justicia o la Cámara de Cuentas.

También las entidades privadas que perciban de las administraciones públicas aragonesas durante el periodo de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros y que las reciban ayudas de un mínimo de 25.000 euros y esta cuantía suponga al menos el 40 % del total de sus ingresos anuales.

La aprobación de esta ley era un compromiso del Gobierno de Aragón, ha destacado Bermúdez de Castro, quien ha avanzado además que el Consejo de Gobierno aprobará en un mes una modificación de la ley del Presidente en todo lo relativo al buen gobierno y las condiciones de los altos cargos de la administración en la que quedará reflejada la declaración de bienes, patrimonio o renta.

Como novedad, ha dicho el consejero, la ley exige al Gobierno de Aragón a elaborar, en un plazo máximo de seis meses desde la toma de posesión, un plan por legislatura con los objetivos que éste persigue y con una evaluación final.

También serán transparentes las subvenciones, contratos, subcontratos públicos y convenios, con las fechas, duraciones, objetos e importes.

Respecto a los contratos, ante la investigación judicial por sobrecostes en las obras de la Plataforma Logística de Zaragoza, el consejero ha remarcado que con esta ley se conocerán los importes de licitación, las empresas que opten, la adjudicataria, el coste final y los modificados, si los ha habido, con el órgano ha llevado a cabo la modificación y por qué.

Toda esta información será pública en un Portal de Transparencia pero, además, los ciudadanos mayores de 16 años tendrán derecho a solicitar y a acceder a aquella información que deseen conocer.

La administración a la que vaya dirigida la petición de información tendrá que responder en 10 días que ha recibido la solicitud, en 20 días si la rechaza -ya que el silencio administrativo se entenderá como positivo- y en un mes dar la información.

La ley prevé la creación de un Consejo de Transparencia, un ente independiente del Gobierno que garantice la objetividad y el rigor de la información, que no exigirá dedicación exclusiva y estará formado por dos diputados de las Cortes, un representante del Justicia de Aragón, un miembro del Consejo Consultivo, uno de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias y dos del Gobierno de Aragón.

La otra pata de la ley es la relativa a la participación ciudadana, que viene a dar forma jurídica a lo ya se viene haciendo, "heredado" del anterior Gobierno, que está funcionando "muy bien" y que persigue implicar al ciudadano en las políticas que impulse el Gobierno de Aragón a través de procesos y mecanismos que permitan que sus opiniones se valoren y se reflejen en las políticas.

Como novedad, el Gobierno tendrá que informar anualmente qué leyes contarán con un proceso de participación ciudadana.

La ley irá acompañada por una memoria económica, ya que el Portal de Transparencia tendrá un coste que no será muy elevado, ha indicado el consejero, quien ha apuntado que las sanciones, en el caso de incumplimiento de la ley, se fijarán en un reglamento.

Se trata, ha concluido, de una ley necesaria, que a su juicio se tendría que haber impulsado casi cuando se aprobó la Constitución española, porque los ciudadanos "tienen derecho a saber dónde va su dinero".

Tras someter el anteproyecto a un proceso de participación ciudadana, el Gobierno prevé aprobar la ley de transparencia entre mayo y junio para remitirla a las Cortes -junto con la Ley del Presidente- para que se le dé el visto bueno esta legislatura con el máximo consenso.