La llegada de Uber y Cabify a Zaragoza le está quitando el sueño a más de un taxista. Los conocidos servicios de VTC (Vehículo con Transporte de Conductor) están cambiando el sector y el Gobierno de Aragón quiere encontrar la fórmula jurídica que proteja a los taxistas y a las empresas VTC tradicionales.
Tras la aprobación en el Consejo de Ministros del nuevo decreto ley que regula la actividad de este tipo de trasporte, el Ejecutivo autonómico se reunió ayer con los sectores económicos que podrían verse amenazados con la llegada de nuevas compañías, como Uber, a la comunidad y, especialmente, a Zaragoza.
El consejero del Territorio y Movilidad, José Luis Soro, criticó que el decreto ley elaborado por el Gobierno de Pedro Sánchez «no está pensado» para ciudades como Zaragoza. Aunque todavía no está aprobado y el texto definitivo puede cambiar, adelantó que «hay muchas cuestiones que podemos aprobar, que van a beneficiar al taxi, a las VTC tradicionales y sobre todo a los usuarios». Actualmente hay 166 licencias de VTC en vigor en Aragón, de las que solo 40 operan en Zaragoza. El resto presta servicio en otras regiones, pero podrían verse obligados a regresar a Aragón con la nueva normativa, lo que podría generar que los problemas que se viven en Barcelona o Madrid se trasladen a la capital del Ebro.
