Las Cortes de Aragón han constituido hoy una comisión especial en la que participan todos los grupos parlamentarios para buscar alternativas en la transición económica y social de la provincia turolense afectada por el futuro cierre de la central térmica de Andorra.

Apenas un mes después del anuncio por parte de Endesa del cierre de la planta en junio del 2020, los grupos políticos que forman parte del Parlamento aragonés se han reunido hoy para crear esta comisión con la intención de encontrar alternativas en un tiempo "breve" para un "problema urgente".

El portavoz del PAR, Arturo Aliaga, ha sido elegido presidente de esta comisión de estudio a propuesta del PP y con el apoyo de todos los grupos excepto Podemos, desde donde han argumentado una mala gestión del asunto en legislaturas anteriores de las que formó parte el también presidente del Partido Aragonés.

Una falta de unanimidad que Aliaga, con una larga experiencia en la gestión de los planes Miner de promoción de la inversión empresarial en las zonas de la minería del carbón, ha lamentado en rueda de prensa.

En cualquier caso, ha agradecido el apoyo del resto de los grupos para su presidencia en esta comisión, cuya primera reunión ya está programada para el próximo 8 de enero con un orden del día en el que se establecerá la metodología y el calendario de trabajo.

Además, cada grupo parlamentario podrá escoger a cuatro ponentes para que comparezcan a lo largo de las diferentes reuniones en las que se abordarán asuntos como la reconversión, la formación y las infraestructuras.

Desde el PP, promotores de esta comisión, la diputada Dolores Serrat ha insistido en rueda de prensa en la "limitación de tiempo" para alcanzar un dictamen que sea "útil" y que "abra puertas de futuro" a una transformación tanto económica como social.

"Este dictamen tiene que ser también un compromiso a futuro, sea quien sea quien presida la comunidad", ha añadido en relación a la proximidad de las elecciones autonómicas, en mayo de 2019.

La representante socialista, Julia Vicente, ha insistido también en la idea de unanimidad política, a la par que ha recalcado que es el propio territorio el que marca el camino a seguir, por lo que una de las primeras propuestas será que los alcaldes de la zona expongan su visión en la recién creada comisión.

"Compromisos reales" al Ejecutivo central y al aragonés es lo que ha pedido por su parte Podemos, grupo que afronta esta ponencia con "escepticismo", pero con la intención de realizar "todas las aportaciones posibles".

"Tiene que existir un compromiso claro del Gobierno de Aragón y de España, y también presión sobre Endesa, que no se puede ir así de un territorio de donde ha estado obteniendo riqueza", ha considerado el diputado de la formación morada Román Sierra.

Desde Cs, el diputado Javier Martínez ha insistido en la celeridad para encontrar un plan alternativo: "Tenemos dos meses para hacerlo y nos esforzaremos, esto no es una cuestión política, se trata de dar alternativas a la zona y ayudar a los ciudadanos que quieren mantener a sus familias en el territorio".

Garantizar a los habitantes de Andorra y de la zona que se van a quedar en el territorio es el objetivo prioritario para Patricia Luquin (IU), quien ha reprochado, no obstante, que esta comisión habría tenido "más lógica" en la legislatura pasada.

Finalmente, Gregorio Briz (CHA) ha reconocido que aunque las acciones "no solo dependen de Aragón", la comisión es una "gran oportunidad" para aportar posibles soluciones y alternativas para que haya una transición socio-económica "con futuro".